La Comisión de Gobiernos Autónomos, en el marco del tratamiento del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, previo a la elaboración del informe para segundo debate, recibió observaciones relacionadas con el control y cumplimiento de las normas en los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) municipales.
La arquitecta urbanista Katia Barros Esquivel compartió la experiencia de una década de trabajo en torno a tres temas principales vinculados con la reforma: gestión de riesgos y normas de construcción; informalidad de los asentamientos humanos; y consultorías para la elaboración de instrumentos de ordenamiento territorial.
En el primer eje, Barros se refirió a las políticas públicas con enfoque transversal de reducción de riesgo. Informó que, de 222 GAD, 89 realizan control de las normas en materia de construcción; sin embargo, el 28 % no ejerce dicho control. Añadió que, entre los que sí lo hacen, el 55 % no sanciona los incumplimientos detectados.
Por ello, subrayó la necesidad de fortalecer el régimen de control que ejercen los GAD respecto de la aplicación de la Norma Ecuatoriana de Construcción.
Sobre los asentamientos humanos, señaló el impacto que genera vivir en barrios informales, caracterizados por condiciones de precariedad en la vivienda y acceso limitado o inexistente a servicios básicos.
En cuanto al tercer tema, recordó que 100 de los 222 GAD municipales contrataron consultorías para la actualización de los planes de ordenamiento territorial. Indicó que un municipio invirtió 249 mil dólares y otro 258 mil dólares para este fin.
Al respecto, los legisladores analizaron varios casos relacionados con las administraciones municipales, la necesidad de contar con expertos en ordenamiento territorial, la regulación de las consultorías y la creación de observatorios para evaluar la gestión de las máximas autoridades municipales.
AM
