Con el propósito de modernizar la normativa vigente desde 2018 y responder a la evolución de las violencias que enfrentan niñas, adolescentes y mujeres en el Ecuador, la asambleísta María Paula Villacreses presentó el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
Con esta actualización normativa se busca no solo sancionar a los agresores, sino también transformar las condiciones estructurales que perpetúan la violencia, garantizar una reparación justa y efectiva para las víctimas y avanzar hacia un país en el que todas las mujeres puedan vivir libres de violencia, con dignidad, igualdad y plenos derechos, subrayó Villacreses.
Explicó que su propuesta, construida junto a colectivos y organizaciones de mujeres, plantea sancionar nuevas formas de violencia, como la violencia digital, obstétrica, ginecológica, institucional, simbólica y política, y crea además un capítulo interseccional que reconoce que mujeres indígenas, afroecuatorianas, rurales, migrantes, con discapacidad o parte de la diversidad sexo-genérica viven múltiples formas de discriminación que requieren protección reforzada.
“La violencia cambió y el Estado debe estar a la altura. Esta reforma es una herramienta completa para salvar vidas, proteger derechos y garantizar justicia; las mujeres podremos defender nuestros derechos”, afirmó Villacreses.
Añadió que, según datos oficiales, 7 de cada 10 mujeres en Ecuador han sufrido algún tipo de violencia, y una mujer es víctima de femicidio cada 72 horas, cifras que evidencian la urgencia de una normativa más robusta y actualizada.
Detalló que el proyecto, presentado en el marco de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre), se ajusta a los estándares de la CEDAW, la Convención de Belém do Pará, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la OMS y la Corte Constitucional, fortaleciendo los mecanismos de prevención, atención, sanción, reparación integral y supervisión institucional, especialmente en las Juntas Cantonales de Protección de Derechos.
La propuesta legislativa responde a los siguientes ejes centrales:
Actualización de definiciones y tipos de violencia: Se incorporan nuevas formas de violencia, como la digital, obstétrica, ginecológica, simbólica, política e institucional, conforme a estándares internacionales.
Reconocimiento de la interseccionalidad: Se establece este principio como eje para el diseño de políticas públicas y la administración de justicia, considerando a mujeres indígenas, afrodescendientes, montubias, rurales, migrantes, privadas de libertad, con discapacidad, adultas mayores, niñas y adolescentes, entre otras.
Ampliación de derechos: Se garantiza protección reforzada para mujeres en situación de vulnerabilidad múltiple, el derecho a la memoria y al reconocimiento público, y la participación vinculante de organizaciones sociales en políticas de erradicación de la violencia.
Fortalecimiento institucional y supervisión: Se crean mecanismos de auditoría, monitoreo y control de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos para asegurar la efectividad y transparencia de sus acciones.
Reparación integral y transformadora: Se amplían las medidas de reparación, que incluyen restitución de derechos, compensación económica, rehabilitación médica y psicológica, actos de memoria histórica, garantías de no repetición y medidas estructurales colectivas.
Reforma penal: Se incorporan nuevos tipos penales en el COIP para sancionar la violencia política de género, simbólica, ginecológica, obstétrica y digital, con penas proporcionales y agravantes en casos de mayor vulnerabilidad.
RSA
Más fotografías:
