La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, en el marco del tratamiento y previo a la construcción del Informe para primer debate del Proyecto de Ley de Regulación Equitativa del Consumo y Actividades Económicas en Procesos Electorales, recibió en comparecencia a Diego Vivero y Andrés Aspiazu, director y vicepresidente, respectivamente, de la Confederación de Restaurantes del Ecuador (COREC).
Durante su intervención, Diego Vivero expuso que la actual restricción de 72 horas por procesos electorales afecta gravemente a más de 20 mil negocios formales del sector gastronómico y turístico. Recordó que, de haberse mantenido la consulta popular prevista para el 14 de diciembre, el país habría enfrentado un fuerte impacto económico en una de las semanas más relevantes para la actividad comercial previa a las festividades de fin de año. Asimismo, señaló que no existe evidencia de que la prohibición fortalezca los procesos electorales, mientras sí provoca pérdidas económicas, fomenta el mercado clandestino y disminuye la actividad turística.
Vivero destacó que su postura representa un consenso construido durante años por toda la cadena de valor del sector, articulada y respaldada por los distintos gremios. Mencionó diversos testimonios y datos expuestos que evidencian afectaciones superiores a los 20 millones de dólares en los últimos cinco años por cada proceso electoral. “Controlar a las personas no significa paralizar una industria”, afirmó, insistiendo en la necesidad de revisar una normativa que, aseguró, dejó de cumplir su propósito hace mucho tiempo.
Por su parte, Andrés Aspiazu, con 40 años de experiencia en el sector de alimentos y bebidas, enfatizó que la ley seca de 72 horas impuesta durante los procesos electorales castiga directamente al empleo, a la empresa privada y a la recaudación tributaria. Señaló que estas restricciones prolongadas no cumplen su objetivo, pues el consumo de alcohol se desplaza hacia la informalidad, sin generar control real. Indicó además que, en cada proceso electoral, las pérdidas indirectas para el Estado alcanzan alrededor de 1.8 millones de dólares, cifra que podría ser aún mayor debido a la dificultad de obtener datos precisos.
Aspiazu subrayó que esta normativa afecta a todos: empresas, trabajadores y consumidores, quienes ven limitada su posibilidad de recreación. Recordó que en otros países las restricciones son mínimas y se manejan sin inconvenientes, por lo que insistió en la necesidad de revisar el actual marco legal. Finalmente, expresó su confianza en que el debate legislativo avance hacia una decisión que beneficie al país y a su economía, en línea con el criterio común de los gremios que han comparecido ante la Comisión.
La Comisión continuará recibiendo aportes de los distintos sectores involucrados para fortalecer el informe previo al primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.
MEV
