La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, este miércoles 17 de diciembre, recibió aportes de expertos en seguridad y derecho penal, así como de delegados del Ministerio del Interior, en torno al Proyecto de Ley Orgánica para la Homologación de Uniformes y Tecnologías de Vigilancia en las Instituciones Publicas, que tiene como objetivo regular, homologar y controlar el diseño, confección, distribución y uso de los uniformes de las instituciones de seguridad pública y prevenir su uso indebido.
En este contexto, Kevin Palacios, experto en seguridad, expuso algunos criterios técnicos que deben orientar la redacción de este proyecto de ley, a fin de garantizar que cumpla con los objetivos propuestos, es decir, prevenir el uso indebido de los uniformes policiales. Asimismo, propuso que se clarifiquen parámetros técnicos y de calidad en cuanto a las cámaras corporales y demás dispositivos que se utilizan en los operativos que realiza la fuerza pública, de manera que sus proveedores sean empresas con amplio reconocimiento internacional.
Mientras, la docente en derecho penal, María del Mar Gallegos, consideró que se trata de un proyecto oportuno para combatir la criminalidad, desde uno de sus tres ejes, que es la prevención, ya que una de las teorías del delito subraya que el delincuente actúa sobre la base de un análisis de costo beneficio, de ahí que si cometer una conducta penal le significa mayor costo que lo que obtendrá con ese acto, se abstiene de cometerlo. En esa medida, crear mecanismos de vigilancia permite que exista lo que la teoría reconoce como prevención situacional.
Entre tanto, los delegados del Ministerio del Interior, Luis Carrión Romero y Doris Viteri, indicaron que este proyecto de ley recoge las regulaciones de Naciones Unidas en torno al uso de uniformes y dispositivos en operativos de seguridad, en cada uno de los ejes de trabajo de la Policía Nacional: preventivo, investigativo y de inteligencia. Añadieron que esta normativa debe estar anclada a las disposiciones del Código Orgánico Integral Penal. A su vez, indicaron que la Policía trabaja sobre la base de un marco normativo que responde a la realidad nacional.
Andrés Castillo, presidente encargado de la Comisión, tras agradecer los aportes técnicos expuestos, pidió que el equipo asesor recoja las observaciones formuladas, a fin de que esos insumos sean considerados en la redacción del respectivo informe para conocimiento del Pleno.
EG
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