El Pleno de la Asamblea Nacional analizó en primer debate el proyecto de Ley Orgánica de Repetición, cuyo objetivo es regular los mecanismos para determinar la responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos y hacer efectiva la acción de repetición contra aquellos agentes estatales cuyas acciones u omisiones hayan provocado condenas e indemnizaciones que el Estado ha debido pagar.
La propuesta normativa será aplicable a servidores y exservidores públicos de todas las funciones del Estado y niveles de gobierno, así como a delegatarios, concesionarios y cualquier persona que haya ejercido potestad pública.
Durante la presentación del informe, el asambleísta Keevin Gallardo señaló que el Ecuador mantiene cerca de 40 procesos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas medidas de reparación superan los 100 millones de dólares, además de laudos arbitrales internacionales que han significado pagos millonarios para el país. Sostuvo que el proyecto busca recuperar esos recursos para las arcas públicas, responsabilizando a los funcionarios que causaron los daños, tal como lo reconoce la sentencia 439-17-P-23 de la Corte Constitucional.
Gallardo explicó que existen dos iniciativas en trámite —una presentada por la Procuraduría General del Estado y otra por la asambleísta Camila León— que deberán unificarse para construir un marco normativo sólido, coherente y confiable, basado en el derecho constitucional, administrativo y los estándares de la Corte Interamericana, con el fin de devolver la confianza ciudadana y evitar la impunidad.
Por su parte, la asambleísta Camila León defendió su propuesta presentada en agosto de 2025, señalando que fue concebida como una herramienta de justicia económica, orientada a recuperar recursos que hoy se pierden por errores, negligencia, dolo o culpa grave de malos servidores públicos. Indicó que el proyecto establece procedimientos claros en dos fases (administrativa y judicial), introduce el llamamiento anticipado con fines de repetición, crea mecanismos de ejecución exprés, medidas cautelares para evitar el ocultamiento de bienes y sanciona la omisión de funcionarios que no inicien acciones de repetición.
En el debate, varios legisladores coincidieron en la necesidad de una ley eficaz. Sergio Peña enfatizó la importancia de regular con claridad la responsabilidad de funcionarios que suscriben contratos internacionales con cláusulas arbitrales lesivas para el Estado, mientras que Luigi García señaló que desde 2015 el Ecuador ha pagado aproximadamente 2.800 millones de dólares en indemnizaciones, debido a la dispersión normativa y la falta de procedimientos efectivos para recuperar esos recursos.
No obstante, el asambleísta Humberto Alvarado expresó observaciones críticas al texto, advirtiendo que ciertos plazos y disposiciones podrían generar impunidad si no se corrigen, por lo que llamó a mejorar sustancialmente el proyecto durante el trámite legislativo. En la misma línea, Alejandro Vanegas destacó la necesidad de armonizar la nueva ley con el ordenamiento jurídico vigente y evitar una sobrerregulación que genere inseguridad para los servidores públicos.
Tras la moción de la asambleísta Josebeth Jaramillo para que la propuesta sea archivada, la cual no contó con los votos necesarios para ese efecto, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, dispuso que el proyecto retorne a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado para la elaboración del informe para segundo debate.
RSA
