La Comisión de Niñez y Adolescencia en el marco del tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica de Promoción, Prevención y Atención Psicosocial para Niñas, Niños y Adolescentes, recibió en comisión general a Rhonal Andrade, especialista en derechos humanos; José Chiriboga, psicólogo experto en niñez y adolescencia; y, Carla Navia, docente de la Universidad Técnica de Manabí.
Rhonal Andrade, señaló que el proyecto constituye una oportunidad histórica para que el Estado pase de un enfoque reactivo y sancionador a uno preventivo y centrado en la vida, garantizando el derecho a la salud mental como parte de los derechos humanos. Destacó que la norma debe definirse claramente como complementaria y especializada para evitar duplicidades con la Ley de Salud Mental, enfocándose en la promoción, prevención y atención psicosocial no clínica.
Subrayó la importancia de incorporar la psicoeducación en la malla curricular como medida de prevención primaria frente a problemáticas como el suicidio, el consumo de sustancias y el embarazo adolescente, con enfoque de derechos, identificación temprana y sin sustituir la atención clínica. Además, insistió en fortalecer el trabajo interdisciplinario obligatorio entre educación, salud y protección de derechos, reforzar el rol del trabajador social en territorios vulnerables, garantizar supervisión profesional de los practicantes de psicología y asegurar que el Consejo Consultivo de Veeduría Ciudadana tenga carácter vinculante y actúe con transparencia.
De su lado, José Chiriboga, manifestó que la propuesta se alinea con estándares internacionales y el modelo comunitario promovido por la OMS y Naciones Unidas, y aclaró que los tamizajes psicosociales planteados en el eje de prevención deben servir exclusivamente para la detección temprana y la activación de rutas de derivación, más no como mecanismos de control.
Asimismo, advirtió la necesidad de fortalecer la protección integral de niños, niñas, adolescentes y usuarios, mejorar los sistemas de información en salud, particularmente en indicadores críticos como el suicidio, y reforzar la institucionalidad de la autoridad de control para combatir centros ilegales y las malas prácticas, por lo que recomendó consolidar el Consejo Consultivo de Salud Mental como puente entre ciudadanía y Estado, impulsar campañas de información y garantizar mecanismos efectivos y seguros de denuncia.
Para concluir, Carla Navia, enfatizó que integrar la educación en salud mental como componente obligatorio del sistema educativo es una prioridad para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, al tratarse de una etapa crítica para la construcción de bases emocionales sólidas frente a contextos de incertidumbre social.
Recalcó que la formación no debe limitarse a contenidos teóricos, sino avanzar hacia la aplicación práctica mediante la enseñanza de protocolos de atención primaria y primeros auxilios psicológicos, que permitan la contención, detección temprana y el acceso oportuno a los servicios del Estado. En esta línea, resaltó la necesidad de fortalecer el rol de la comunidad y de las políticas sociales para garantizar la continuidad y sostenibilidad de las acciones en salud mental, evitando que la información recolectada quede sin impacto real. ´
MEV
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