En el marco del tratamiento del Proyecto de Ley que Regula los Procedimientos Eutanásicos, la Comisión del Derecho a la Salud recibió los criterios técnicos y jurídicos de representantes del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), quienes coincidieron en la necesidad de realizar ajustes sustanciales al articulado para garantizar claridad normativa, seguridad jurídica y viabilidad operativa.
El delegado del MSP, Víctor Hugo Almeida, señaló que el proyecto contiene observaciones tanto de forma como de fondo. Entre los principales puntos, cuestionó el uso del término “cualquier procedimiento eutanásico” en el artículo 1, al considerarlo ambiguo y susceptible de interpretaciones erróneas. Asimismo, advirtió sobre definiciones atípicas como “eutanasia voluntaria” y “eutanasia ética”, conceptos que —según explicó— no son reconocidos en la medicina ni en la bioética, ya que toda eutanasia debe contar necesariamente con el consentimiento del paciente, y la valoración ética es subjetiva.
Respecto al artículo 5, el MSP recomendó revisar el enfoque de movilidad humana, al alertar sobre posibles riesgos como el turismo eutanásico y la vulneración de derechos de personas en situación de vulnerabilidad. En cuanto a las obligaciones del Estado (artículo 14), Almeida precisó que los cuidados paliativos no deben presentarse como una alternativa obligatoria a la eutanasia, ya que su pertinencia debe ser evaluada caso por caso por los comités correspondientes y no utilizarse como argumento para negar el procedimiento.
Otro punto crítico fue la obligatoriedad de conformar comités interdisciplinarios de eutanasia en cada hospital (artículo 21). El MSP consideró que esta disposición no es viable, debido a la limitada disponibilidad de profesionales especializados y a la baja incidencia de casos en el país, lo que no justificaría su implementación a nivel institucional en todo el sistema de salud.
Durante el debate, los legisladores expresaron inquietudes relacionadas con la erogación presupuestaria y la conformación de dichos comités. El presidente de la Comisión, Juan José Reyes, planteó la posibilidad de crear un único comité nacional, dada la baja frecuencia de casos y para evitar impactos presupuestarios innecesarios. Frente a ello, el MSP aclaró que el proyecto no implicaría una carga significativa para el presupuesto estatal, ya que su rol sería principalmente normativo y los medicamentos utilizados forman parte del cuadro básico de salud.
Por su parte, el IESS, a través de Marco Antonio Bonifaz, subdirector nacional de Vigilancia y Gestión de la Información de Seguros de Salud, indicó que los cuatro proyectos de ley existentes sobre eutanasia deberían unificarse, pues presentan fundamentos técnicos que no se articulan adecuadamente en el plano jurídico. El Instituto advirtió una confusión conceptual entre eutanasia y otras prácticas médicas como la limitación del esfuerzo terapéutico o los cuidados paliativos, lo que genera riesgos clínicos, bioéticos y legales.
El IESS también alertó sobre la amplitud de criterios como “sufrimiento intenso” o “pronóstico fatal próximo”, al no existir protocolos ni umbrales técnicos verificables en el país que permitan su correcta aplicación. Además, cuestionó la conformación del equipo médico eutanásico, al considerar inviable la inclusión de asesores legales o familiares en decisiones estrictamente clínicas, lo que podría derivar en responsabilidades difusas y conflictos bioéticos.
Enfatizó que la eutanasia activa no puede ser registrada como muerte natural, ya que ello distorsionaría las estadísticas vitales y los sistemas de vigilancia sanitaria, afectando la toma de decisiones en política pública de salud.
RSA
