La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana recibió a Katya López y Fernanda Inga, presidenta y síndica, respectivamente, de la Federación Ecuatoriana de Agentes de Aduana (FEDA), quienes presentaron sus aportes técnicos y jurídicos al Proyecto de Ley Orgánica para la Regulación y Ejercicio de los Agentes de Aduana en el Ecuador.
Katya López destacó que el comercio exterior es una actividad estratégica para el país, por su impacto directo en la recaudación fiscal, la competitividad, la inversión la seguridad jurídica y la imagen internacional del Ecuador, y subrayó que la aduana cumple una doble misión de control y facilitación que no puede ejecutarse sin los agentes de aduana, quienes son parte estructural del sistema.
Enfatizó que se trata de una profesión altamente especializada, sujeta a estrictos requisitos de formación, licencia, fianzas e idoneidad técnica y ética, lo que evidencia su carácter de función pública relevante y de auxilio directo a la autoridad aduanera, orientada a proteger no solo los intereses privados, sino también el interés colectivo y la seguridad del Estado.
Por su parte, Fernanda Inga sostuvo que es indispensable contar con una ley específica para los agentes de aduana, al tratarse de auxiliares de la administración aduanera que no forman parte de la estructura del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador ni son funcionarios públicos, razón por la cual su ejercicio profesional no puede regularse de manera dispersa en el Código Orgánico de la Producción u otras normas internas.
Explicó que, al igual que ocurre con notarios o contadores, cuya función es esencial para el Estado y cuenta con una ley propia, los agentes de aduana requieren un marco normativo claro y autónomo que garantice seguridad jurídica, previsibilidad y reglas estables, conforme al artículo 82 de la Constitución.
Asimismo, advirtió que la ausencia de una ley específica genera cambios constantes de criterios con cada administración, afecta el debido proceso, la inversión, a los operadores económicos y al propio Estado, y reiteró que el proyecto no crea una nueva figura, sino que busca ordenar y profesionalizar jurídicamente una función ya existente y reconocida, en concordancia con las prácticas internacionales.
MEV
