La Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social de la Asamblea Nacional recibió las observaciones técnicas e institucionales al Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, en cumplimiento de la sentencia No. 83-16-IN/21 de la Corte Constitucional.
En la sesión participaron delegados del Ministerio de Economía y Finanzas, Superintendencia de Bancos, Ministerio del Interior, la empresa Actuaria Consultores, y autoridades del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISPOL), quienes expusieron criterios técnicos, actuariales, financieros y jurídicos que sustentan la propuesta normativa.
Respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas
La directora nacional de Relacionamiento con Entidades de la Seguridad Social y Banca Pública, Estefanía Cabezas, destacó el incremento del aporte patronal del 17,25 % al 18,25 %, el cual representa aproximadamente 380 millones de dólares adicionales en el horizonte de análisis actuarial, fortaleciendo la sostenibilidad del sistema. Señaló que esta cartera de Estado respalda el proyecto, así como el mantenimiento del aporte estatal del 60 % a las pensiones jubilares, y ratificó que los procesos de conciliación financiera con el ISPOL avanzan de forma adecuada.
Observaciones de la Superintendencia de Bancos
La Intendente Nacional de Control del Sistema de Seguridad Social, Carmen Gabriela Meythaler, indicó que la Superintendencia de Bancos, como órgano de control, verificó que los estudios actuariales cumplan con los requisitos técnicos, metodológicos y normativos vigentes, sin intervenir en decisiones de política pública.
Informó que el estudio actuarial presenta solidez técnica y estructural, aunque recomendó fortalecer análisis de sensibilidad y documentación. Asimismo, subrayó la importancia de que los escenarios que contemplan aportes adicionales del Estado cuenten con certificación de viabilidad financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, pronunciamiento que ya fue expresado durante la sesión.
Sustento actuarial del proyecto
El representante de Actuaria Consultores, Rodrigo Ibarra, presentó los resultados del estudio actuarial 2023, elaborado para los nueve seguros y tres fondos administrados por el ISPOL. Explicó que el Seguro de Retiro, Invalidez y Muerte es el de mayor impacto financiero y evidenció la evolución del personal activo y pensionistas, así como la reducción de la tasa de sostenimiento.
Señaló que, en el escenario actual, el sistema presentaría un déficit actuarial de aproximadamente 730 millones de dólares en un horizonte de 50 años; sin embargo, con los ajustes propuestos —principalmente el incremento del aporte patronal— se alcanza un equilibrio actuarial con un ligero superávit, garantizando la sostenibilidad del sistema sin agotamiento de reservas.
Posición del Ministerio del Interior
La delegada del Ministerio del Interior, Alexandra Obando, manifestó el respaldo institucional al proyecto de ley y se sustenta en estudios actuariales avalados por la Superintendencia de Bancos y el Ministerio de Economía y Finanzas.
Resaltó aspectos clave como el incremento del aporte patronal, el mantenimiento de los aportes individuales, la eliminación del descuento del 40 % a la pensión por reincorporación laboral, la restitución de la administración del seguro de cesantía y el fortalecimiento de la gobernanza del sistema bajo supervisión estatal. Concluyó que el Ministerio del Interior apoya que el proyecto continúe a primer debate.
Llamado del ISPOL a la Asamblea
El director general del ISPOL, coronel Juan Javier Silva Cabrera, acompañado del actuario y la asesora jurídica institucional, destacó que el proyecto fue construido mediante mesas técnicas participativas, con representación de servidores activos y pasivos.
Subrayó la urgencia de contar con una ley actualizada, considerando que la normativa vigente data de 1995, y enfatizó el rol de la seguridad social policial en el actual contexto de inseguridad que vive el país. Asimismo, transmitió el clamor del colectivo policial para que el fondo de cesantía vuelva a ser un fondo abierto, en beneficio de los nuevos servidores policiales.
Finalmente, solicitó el respaldo de la Asamblea Nacional para aprobar una ley que garantice la protección social, sostenibilidad financiera y derechos adquiridos de los miembros de la Policía Nacional y sus familias.
RSA
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