La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales recibió los criterios técnicos de Steven Petersen, abogado experto en derecho ambiental, respecto del Proyecto de Ley Orgánica para el Combate y Adaptación al Cambio Climático.
El especialista reconoció el esfuerzo de la Asamblea Nacional por impulsar una normativa específica sobre cambio climático; sin embargo, advirtió que el proyecto presenta importantes duplicidades normativas, vacíos de técnica legislativa y riesgos de debilitamiento institucional, que deben ser corregidos antes de su aprobación.
Petersen señaló que el país ya cuenta con instrumentos de política pública vigentes, como el Plan Nacional de Mitigación, la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), la Ley Orgánica de Eficiencia Energética y el Código Orgánico del Ambiente (COA), los cuales establecen compromisos claros para ministerios, gobiernos autónomos descentralizados y el sector productivo. En ese contexto, advirtió que el proyecto de ley reitera disposiciones ya existentes, lo que podría generar confusión jurídica e inseguridad en su aplicación.
Petersen enfatizó que el Ecuador representa apenas el 0,2 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, por lo que las políticas climáticas deben ser proporcionales, funcionales y articuladas con incentivos, más que punitivas. En ese sentido, destacó programas exitosos como Ecuador Carbono Cero, que promueven la reducción de emisiones mediante certificaciones e incentivos, alineados con estándares internacionales.
Durante el debate, asambleístas plantearon la necesidad de evaluar qué instrumentos deben elevarse a rango de ley para otorgar mayor estabilidad normativa. Al respecto, el experto recomendó analizar con mayor profundidad qué elementos son esenciales, evitando rigidizar políticas públicas que han demostrado funcionar adecuadamente.
Finalmente, Petersen sugirió que, para evitar duplicidades y fortalecer la eficiencia del sistema ambiental, el proyecto de ley debería integrarse al Código Orgánico del Ambiente, siguiendo la lógica de unificación normativa que ya adoptó el país, en lugar de crear un cuerpo legal autónomo.
La Comisión reafirmó su compromiso de construir una normativa climática funcional, coherente y jurídicamente segura, que fortalezca la acción del Estado frente al cambio climático sin debilitar el marco institucional existente.
RSA
