Con 10 votos afirmativos, la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral aprobó por unanimidad el informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo y la Simulación de Funciones mediante Uniformes de Seguridad Pública, reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La Comisión concluyó que el problema de fondo —el uso indebido de uniformes e insignias oficiales y la realización de falsos operativos delictivos— es un asunto de gran relevancia constitucional, penal y social, por lo que merece ser abordado mediante una iniciativa legislativa dentro de las atribuciones normales de la Asamblea Nacional.
La reforma penal planteada adopta un tratamiento diferenciado y proporcional, fortalece la contravención existente, incorpora un tipo penal autónomo y acotado, y armoniza el régimen de agravantes, constituyéndose en una respuesta jurídicamente sólida y acorde con la realidad delictiva del país. Esta adecuación normativa no implica una acumulación indiscriminada de sanciones, no compromete recursos fiscales, preserva la coherencia del sistema penal y contribuye a la protección de la seguridad ciudadana, la confianza institucional y la autoridad legítima del Estado.
En ese sentido, el informe recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional continuar con el tratamiento del proyecto en los términos propuestos, orientado a fortalecer el marco jurídico en materia de seguridad pública mediante una respuesta penal coherente, proporcional y constitucionalmente válida, en cumplimiento del compromiso del Estado de garantizar la paz social, la confianza ciudadana y la integridad de las instituciones encargadas del orden y la defensa nacional.
Durante el debate, las y los legisladores coincidieron en la necesidad de esta reforma para evitar que delincuentes se hagan pasar por policías, militares o agentes de tránsito y ejecuten falsos operativos. Asimismo, destacaron que el proyecto cierra vacíos legales que permiten la simulación de autoridad y fortalece la confianza ciudadana en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Finalmente, a la propuesta de la asambleísta Mariana Yumbay, la Comisión incorporó un nuevo artículo (364B) que sanciona la fabricación y comercialización no autorizada de estos distintivos, con el fin de cerrar el mercado ilegal que abastece al crimen organizado.
El texto establece que la persona natural o jurídica que, sin autorización expresa de la institución competente, fabrique, importe, distribuya, comercialice, venda o ponga en circulación uniformes, insignias, credenciales, denominaciones o distintivos de instituciones públicas, militares, policiales, religiosas o privadas de seguridad, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años, exceptuándose a los fabricantes y proveedores debidamente acreditados, así como a los usos educativos, culturales o artísticos debidamente autorizados.
MEV
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