El Pleno de la Asamblea Nacional, con 79 votos afirmativos, aprobó el proyecto de resolución que dispone a la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana iniciar un proceso integral de fiscalización sobre las actuaciones del alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Pabel Muñoz, así como de las autoridades de las empresas públicas metropolitanas, en relación con los procesos de contratación pública y gestión administrativa vinculados a la adquisición de 60 trolebuses.
Esta resolución será remitida a la Comisión Especializada correspondiente, al Concejo Metropolitano de Quito y al Alcalde Metropolitano, para los fines legales pertinentes. Asimismo, se dispone su envío a la Contraloría General del Estado, a fin de que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, adopte las acciones que considere necesarias.
El Pleno ratificó que la presente resolución se fundamenta en las facultades de fiscalización y control político de la Función Legislativa, conforme a la Constitución de la República, sin que ello implique intromisión alguna en las competencias exclusivas de otras funciones del Estado.
Durante el debate, el asambleísta Xavier Ordóñez, proponente de la iniciativa, señaló que existen observaciones relevantes de la Contraloría General del Estado, que incluyen indicios de responsabilidad penal y glosas por millones de dólares, relacionadas con la adquisición de los trolebuses, cuyo monto bordea los 35 millones de dólares. “Lamentablemente este no es un caso aislado. No estamos fiscalizando para sancionar a una autoridad municipal. Se debe fiscalizar un modelo de contratación pública con recursos estatales”.
Asimismo, los asambleístas Luigi García y Adrián Castro coincidieron en la necesidad de garantizar procesos de contratación transparentes, responsables y apegados a la ley, en especial cuando se trata del uso de recursos públicos provenientes de impuestos y contribuciones ciudadanas.
RSA
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