La creación de dos nuevos tipos penales: la simulación de autoridad operativa y la comercialización no autorizada de uniformes e insignias institucionales, forman parte del contenido del proyecto de Ley Orgánica para prevenir y sancionar el uso delictivo y la simulación de funciones mediante uniformes de seguridad pública, reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que fue tratado, este martes, por el Pleno de la Asamblea Nacional en primer debate.
En este contexto, la ponente del informe, Inés Alarcón, recordó que las organizaciones delictivas en el país ya no actúan únicamente mediante el uso de la fuerza, sino también a través del engaño, la simulación y la suplantación de autoridad, utilizando uniformes, insignias y distintivos de las fuerzas del orden
Ante esta situación, Alarcón indicó que resulta necesaria una reforma al COIP para crear dos nuevos tipos penales: la simulación de autoridad operativa y la comercialización no autorizada de uniformes e insignias institucionales.
Respecto al primer delito, la sanción propuesta será de 1 a 3 años de prisión por montar escenarios engañosos, falsos retenes o patrullajes; de 3 a 5 años, cuando estos actos deriven en privación ilegal de la libertad, ingreso a inmuebles o afectación patrimonial; y de 5 a 7 años de prisión, si se involucra a la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas.
En cuanto al segundo delito, se plantea una pena de 1 a 3 años de privación de libertad para quienes fabriquen, importen, distribuyan, comercialicen, vendan o pongan en circulación uniformes, insignias, credenciales, denominaciones y distintivos de instituciones públicas militares, sin la debida autorización.
Tras la intervención de varios asambleístas, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, dispuso que el proyecto retorne a la Comisión de Seguridad Integral, a fin de que continúe con el trámite correspondiente.
AM
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