La limitación de tasas recaudatorias en los gobiernos locales, la armonización de la normativa y la mejora de la conectividad fueron algunos de los temas abordados en la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, en el marco del tratamiento del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
Francisco Balarezo Pozo, presidente de la Asociación de Empresas Proveedoras de Servicios de Internet, Valor Agregado, Portadores y Tecnologías de la Información (AEPROVI), informó que actualmente el 71 % de los hogares del país cuenta con el servicio de internet fijo.
Indicó que este servicio registró un crecimiento significativo, especialmente después de la pandemia. En 2020 existían 683 proveedores de internet, mientras que en 2025 la cifra asciende a 1.401 prestadores de este servicio.
En este contexto, identificó cuatro problemáticas a nivel nacional: la inseguridad jurídica, derivada de la existencia de diferentes ordenanzas en los gobiernos autónomos descentralizados; el establecimiento de tasas por servicios de telecomunicaciones con cobros indebidos, que no se ajustan a las políticas emitidas por el ente rector; la necesidad de contar con un sector de telecomunicaciones especializado; y los problemas de control por parte de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL).
Ante esta situación, Balarezo presentó varias propuestas, entre ellas, facilitar el uso del espacio público para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, en cumplimiento de la normativa nacional y local; incorporar la determinación de facilidades esenciales a la infraestructura física que sustenta el despliegue de redes; establecer tasas en función de los costos administrativos reales; limitar las tasas de carácter recaudatorio; y garantizar la debida motivación de los actos administrativos, especialmente en los procesos de ejecución coactiva.
Al final, señaló que la Constitución, en su artículo 16, numeral 2, establece que todas las personas, de manera individual o colectiva, tienen derecho al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. En ese sentido, sostuvo que los gobiernos autónomos descentralizados deben eliminar las barreras que dificultan el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.
Por su parte, la presidenta de la Comisión, Lucía Pozo, destacó la importancia de la reforma normativa, la cual se construye con el aporte de expertos, la sociedad civil, las empresas y las instituciones del Estado. Añadió que “el Gobierno también está interesado en armonizar la normativa en beneficio de todos los ecuatorianos, identificando las principales problemáticas en materia de telecomunicaciones”.
AM
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