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En la sesión No. 095, la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte recibió las observaciones al Proyecto de Ley que Regula los Procedimientos Eutanásicos, actualmente en trámite para primer debate, por parte de representantes de los Institutos de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) y de las Fuerzas Armadas (Issfa).
En representación del Isspol intervinieron el teniente coronel Miguel Ignacio Mayorga, director de Prestaciones, y la doctora Evelyn Paulina Balseca, jefa de Prestaciones Médicas, quienes expusieron criterios técnicos sobre el impacto del proyecto en el sistema de seguridad social policial. Informaron que, en los últimos tres años, el Isspol ha destinado aproximadamente cinco millones de dólares a la atención de pacientes con enfermedades crónicas degenerativas y en cuidados paliativos.
Destacaron el programa de hospitalización domiciliaria de alta complejidad, implementado por primera vez en este subsistema, que atiende a pacientes con requerimientos de ventilación mecánica y soporte vital permanente, como personas con esclerosis lateral amiotrófica. Señalaron que el costo anual por paciente puede alcanzar los 100 mil dólares y que existen casos de larga permanencia, incluso superiores a cinco años, así como situaciones de muerte cerebral o abandono familiar, lo que genera una presión creciente sobre el Fondo de Enfermedad y Maternidad y la red hospitalaria institucional.
En este contexto, el Isspol expresó su respaldo al proyecto de ley, particularmente en los casos en los que el paciente conserva su capacidad de decisión, considerando la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema de seguridad social y el uso responsable de los recursos públicos.
Por su parte, los delegados del Issfa manifestaron su apoyo a la construcción de un marco legal que permita garantizar una muerte digna, y plantearon observaciones relacionadas con la necesidad de fortalecer criterios técnicos como el sufrimiento intenso y su evaluación multifactorial. Asimismo, recomendaron incorporar evaluaciones psicológicas y psiquiátricas obligatorias, a fin de asegurar que las decisiones se adopten en pleno uso de las capacidades mentales del paciente.
Finalmente, el presidente de la Comisión, Juan José Reyes, agradeció los aportes técnicos de ambas instituciones y solicitó que las observaciones sean remitidas formalmente a la Secretaría de la Comisión, con el fin de enriquecer el debate legislativo en las siguientes etapas del tratamiento del proyecto.
RSA
