Los legisladores por la provincia del Azuay, Mabel Méndez, y por la provincia de El Oro, Diego Salas, presentaron ante Gestión Documental de la Asamblea Nacional dos proyectos: Ley de Desarrollo Agroindustrial Sostenible, Inclusivo e Innovador; y Ley de Diligencia Empresarial para la Protección de los Derechos Humanos, la Naturaleza y el Ambiente.
Desarrollo Agroindustrial Sostenible
Este proyecto de ley busca fortalecer el campo y la agroindustria para incrementar la producción con mayor inversión, generación de empleo formal, acceso a la seguridad social y más oportunidades para pequeños productores y actores de la economía popular y solidaria.
Según la propuesta, se pretende que el Ecuador garantice la provisión de alimentos suficientes, sanos y de calidad para el mercado interno, y que, al mismo tiempo, mejore su competitividad en los mercados de exportación. La iniciativa plantea la creación de un sistema y de un Plan Nacional que permita coordinar acciones y asignación presupuestaria desde la entidad rectora de producción y comercio, con mecanismos de seguimiento e informes periódicos.
Además, propone apoyo en riego, asistencia técnica, tecnología e innovación, infraestructura, centros de acopio y almacenamiento, financiamiento y seguros, así como la promoción de ventas dentro y fuera del país, con un enfoque especial en la agroindustria rural y sostenible.
Diligencia Empresarial para la protección de derechos
Por su parte, este proyecto de ley establece la obligación de las empresas de responsabilizarse por los impactos que causen o puedan causar en los derechos humanos, la naturaleza y el ambiente, las condiciones laborales dignas y los derechos de las personas consumidoras, no solo en sus operaciones directas, sino también en su cadena de proveedores.
La normativa se aplicaría a todas las empresas que operen en el Ecuador, sin distinción de tamaño, así como a empresas extranjeras que comercialicen bienes o servicios en el país y cumplan obligaciones tributarias en territorio nacional. En este marco, se exige la implementación de un proceso sistemático para identificar, prevenir, mitigar y corregir riesgos, así como la divulgación pública de información relevante, resguardando los secretos comerciales.
Asimismo, la iniciativa contempla la creación de un Registro Nacional de Responsabilidad Empresarial y asigna a la Defensoría del Pueblo un rol de apoyo y orientación, especialmente dirigido a micro y pequeñas empresas.
En caso de incumplimiento, ocultamiento o entrega de información falsa, se prevé la realización de investigaciones, la adopción de medidas correctivas y la imposición de sanciones administrativas.
AM
