La Comisión de Garantías Constitucionales y la Interculturalidad recibió los aportes del abogado constitucionalista José David Ortiz, quien compareció para analizar y formular observaciones técnicas al Proyecto de Ley Orgánica de Consulta Popular, actualmente en debate legislativo.
El experto destacó que la Constitución del Ecuador define al país como un Estado democrático, participativo y constitucional de derechos y justicia, en el que la soberanía reside en el pueblo, pero cuyo ejercicio está sujeto a límites constitucionales. En ese contexto, subrayó la necesidad de lograr un equilibrio adecuado entre el derecho a la participación ciudadana y el control constitucional, conforme lo establece el artículo 104 de la Carta Magna.
Ortiz señaló que la consulta popular es un mecanismo válido de democracia directa, pero advirtió que no debe sustituir ni desnaturalizar el debate legislativo, especialmente en decisiones complejas que requieren deliberación técnica y política.
Respecto a las consultas populares impulsadas por los gobiernos autónomos descentralizados, el constitucionalista coincidió en que estas deben circunscribirse a temas de interés local, pero enfatizó la importancia de que también se limiten estrictamente a las competencias territoriales de cada nivel de gobierno, a fin de evitar la invasión de atribuciones del Estado central, particularmente en materias estratégicas de interés nacional.
En relación con el rol de la Corte Constitucional, Ortiz valoró la propuesta de eliminar el denominado dictamen ficto, considerando que garantiza un mayor control de constitucionalidad.
Asimismo, respaldó la incorporación del principio de congruencia democrática, que exige coherencia entre el nivel de gobierno consultado y el impacto de la decisión, especialmente en temas como la explotación de recursos naturales no renovables. En la misma línea, destacó la prohibición de consultas locales sobre gasto público del gobierno central y sectores estratégicos, por tratarse de competencias exclusivas del Estado.
Por último, resaltó la importancia de que las decisiones adoptadas mediante consulta popular no tengan efectos retroactivos, a fin de proteger la seguridad jurídica y evitar la afectación de situaciones legalmente consolidadas.
Las y los asambleístas coincidieron en la relevancia de los aportes técnicos presentados y reafirmaron su compromiso de continuar el análisis del proyecto, garantizando que la consulta popular sea un mecanismo responsable, constitucional y coherente con el sistema democrático del país.
RSA
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