La Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional, en la sesión No. 072, conoció y analizó el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero, orientado a establecer la prelación preferente para la restitución de los depósitos de personas naturales en procesos de liquidación forzosa de entidades financieras. La iniciativa fue presentada por el asambleísta proponente, Adrián Castro Piedra.
Durante la sesión, el legislador expuso el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA, señalando que las reformas aprobadas en 2021 evidenciaron un vacío legal que ha generado afectaciones a cientos de ciudadanos que aún no han logrado recuperar sus ahorros, pese a haber confiado en el sistema financiero ecuatoriano. Indicó que, aunque la mayoría de socios logró recuperar sus fondos, más de 300 personas continúan esperando. “Este es un ejemplo de lo que una ley mal escrita puede ocasionar”, afirmó.
El asambleísta Castro recalcó que el proyecto no responde a un caso particular, sino que busca corregir una falencia estructural de la normativa vigente, bajo el principio de generalidad de la ley, con el fin de evitar que situaciones similares se repitan en otras cooperativas del país. En ese contexto, destacó la necesidad de priorizar la protección del ser humano frente a interpretaciones burocráticas del marco legal.
Asimismo, señaló que existe un pronunciamiento del Procurador General del Estado, emitido el 9 de mayo de 2023, que determina que corresponde a la Junta de Política y Regulación Financiera desarrollar normativamente el numeral 4 del artículo 315 del Código Orgánico Monetario y Financiero. En ese marco, cuestionó que la regulación actual equipare a la Corporación del Seguro de Depósitos (COSEDE) como un acreedor más, “situación que no consta ni en la ley ni en el pronunciamiento del Procurador. La Junta de Regulación tiene la obligación de emitir una nueva normativa secundaria que establezca porcentajes que prioricen a los socios de la Cooperativa CREA, muchos de ellos migrantes que aún esperan sus ahorros”.
En ese sentido, se planteó la posibilidad de elevar un exhorto formal a la Junta de Política y Regulación Financiera para que, en ejercicio de sus atribuciones y con base en informes técnicos de los organismos de control, emita una normativa que garantice la prelación de los depósitos de personas naturales, sin afectar la estabilidad del sistema financiero ni la sostenibilidad institucional.
La asambleísta María Cristina Acuña manifestó que, a título personal, apoya la iniciativa y propuso que la comisión realice un exhorto a la Junta de Regulación para que otorgue prioridad al tema, considerando que de ello depende el futuro de varias cooperativas del país.
Por su parte, la asambleísta Mónica Alemán señaló la necesidad de analizar más allá de casos particulares y evaluar de manera integral la estabilidad de la COSEDE, “al tratarse de una institución que debe velar por la seguridad y estabilidad del sistema financiero”, dijo. Indicó que las decisiones deben orientarse siempre en beneficio de los ecuatorianos.
La Comisión continuará con el análisis técnico y político del proyecto, incorporando los aportes de los asambleístas, con el objetivo de fortalecer la protección del ahorro, cerrar vacíos legales y restablecer la confianza de la ciudadanía en el sistema financiero nacional.
LC
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