En el marco del tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica de Preservación y Prevención del Impacto de Olas Rompientes en el Litoral Ecuatoriano, la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales recibió los aportes de actores de la sociedad civil comprometidos con la conservación marina, entre ellos María Cely Cajas, directora de One Health Ecuador, y Kimberly Viracocha, delegada de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma).
María Cely Cajas, médica veterinaria con más de 20 años de experiencia en conservación de fauna marina, expuso la crítica situación de las tortugas marinas en Ecuador, en especial de la tortuga laúd, la especie más grande del mundo y actualmente en peligro crítico de extinción. Las cinco especies registradas a nivel mundial llegan a las costas ecuatorianas y todas se encuentran en algún grado de vulnerabilidad según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
La experta explicó que la principal amenaza es la pérdida y alteración del hábitat, particularmente en las playas de anidación. En este contexto, resaltó el rol fundamental de las olas y corrientes marinas, que permiten a las tortugas orientarse, regresar a las playas donde nacieron, seleccionar sitios adecuados para anidar y proteger los nidos frente a inundaciones.
Se presentaron casos documentados en playas como Punta Bikini, Puerto López y Crucita, donde se evidenció el uso de maquinaria pesada, la extracción de arena, la contaminación lumínica y la acumulación de desechos sólidos en zonas de anidación registradas. En 2021, Ecuador logró un hito histórico con el nacimiento de apenas 38 crías de tortuga laúd, y en años recientes se ha reportado la muerte y desorientación de ejemplares adultos por causas asociadas a la intervención humana. Considerando que solo una de cada mil o diez mil crías alcanza la edad adulta, la protección integral del hábitat resulta urgente.
Por su parte, la abogada Kimberly Viracocha fundamentó jurídicamente la necesidad de la Ley de Olas, recordando que Ecuador está obligado a cumplir tratados internacionales como la Convención Interamericana para la Protección de las Tortugas Marinas, la Convención sobre Especies Migratorias, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención Ramsar. Estos instrumentos exigen a los Estados regular la construcción costera, la iluminación artificial, el tránsito vehicular y la explotación de playas, con el fin de garantizar la conservación de la vida marina.
Asimismo, destacó que la Constitución reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos y establece el derecho a un ambiente sano, el principio de precaución y define a la biodiversidad como un interés estratégico del Estado. En este marco, recordó el caso de Punta Bikini, donde se otorgaron medidas cautelares para detener la extracción de arena y proteger una zona de anidación, evidenciando la necesidad de una ley específica que refuerce y haga exigible esta protección.
Ambas organizaciones reiteraron su llamado a la Asamblea Nacional y al Gobierno Nacional para que la Ley de Preservación de Olas Rompientes se consolide como una herramienta efectiva de protección de playas, biodiversidad y ciclos naturales, fortaleciendo además el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente los relacionados con la vida submarina, y promoviendo un modelo de desarrollo costero sostenible que beneficie tanto a la naturaleza como a las comunidades humanas.
RSA
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