La Comisión de Biodiversidad continuó el análisis del Proyecto de Ley Orgánica de Preservación y Prevención de Impacto de Olas Rompientes en el Litoral Ecuatoriano, y recibió los criterios técnicos de Randall Arauz, representante del Centro de Rescate de Especies Marinas Amenazadas (Costa Rica), reconocido especialista en conservación marina.
Durante su intervención, Arauz compartió su experiencia como exguardaparque y exdirector del Parque Nacional Marino Las Baulas (1990–1993), una de las principales playas de anidación de la tortuga baula en el Pacífico Oriental Tropical. Recordó que, a inicios de los años noventa, en Playa Grande se registraban hasta 1.300 tortugas por temporada, con noches de 70 a 80 individuos anidando en apenas tres kilómetros de playa.
Sin embargo, a partir de finales de los años ochenta se evidenció una reducción drástica y acelerada de la población. En menos de dos décadas, las cifras descendieron a menos de 100 individuos, y actualmente en algunas playas llegan apenas seis o siete tortugas por temporada. Esta tendencia se repite en sitios históricos de anidación en México, Nicaragua y Costa Rica.
El especialista explicó que esta caída abrupta no puede atribuirse únicamente al saqueo de huevos, sino principalmente a la mortalidad de tortugas adultas en alta mar, causada de manera incidental por la pesca con palangre, utilizada para capturar especies pelágicas como atún, dorado y tiburón. Aunque no es una captura intencional, la interacción con la tortuga baula resulta prácticamente inevitable.
Arauz enfatizó que, desde el año 2000, la comunidad científica coincide en la necesidad de una estrategia integral de dos ejes: la protección total de las playas de anidación, garantizando la supervivencia de los huevos y neonatos; y la reducción de la mortalidad de adultos en el mar, mediante regulaciones y controles efectivos a las artes de pesca.
Advirtió que la tortuga baula está catalogada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como especie en peligro crítico de extinción, lo que implica que, de mantenerse la tendencia actual, podría desaparecer en los próximos 20 años.
El experto destacó como alentador el reciente registro de nuevos nidos en Centroamérica, por lo que subrayó que estos indicios obligan a redoblar los esfuerzos de conservación, fortaleciendo políticas públicas que integren la protección costera y marina, como las que se analizan actualmente en el Ecuador.
RSA
