La Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad -con diez votos afirmativos- el informe no vinculante sobre el Informe Anual de Labores 2025 de la Defensoría Pública del Ecuador.
Durante la sesión N.° 049, la presidenta del organismo legislativo, Lucía Jaramillo, señaló que el proceso se desarrolló en cumplimiento del artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, actuando con responsabilidad institucional y dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales. En ese contexto, compareció el defensor público del Estado, Ricardo Vladimir Morales, quien respondió a las inquietudes y observaciones planteadas.
Tras el análisis correspondiente, la mesa legislativa concluyó que el documento presentado observa la obligación formal prevista en la normativa vigente, al detallar la gestión desarrollada en el ejercicio de sus atribuciones. Se expusieron acciones en asesoría y asistencia legal, patrocinio y mediación, con especial énfasis en personas y grupos de atención prioritaria, así como en situación de vulnerabilidad. También se destacó la articulación interinstitucional, la cooperación internacional y el fortalecimiento de los sistemas de información.
Entre los principales resultados constan 143.280 asesorías legales, 221.884 patrocinios y 2.443 mediaciones, brindados mediante puntos fijos, unidades móviles, canales virtuales y la red complementaria de Consultorios Jurídicos Gratuitos. Además, se registraron 125 actividades orientadas a transversalizar políticas de garantía y protección de derechos, en coordinación con los Consejos Nacionales para la Igualdad, organizaciones de la sociedad civil e instituciones aliadas.
La Comisión valoró como un avance relevante la implementación del programa “Justicia Lejos de Casa”, junto con la suscripción de convenios de cooperación con la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, iniciativas que han permitido ampliar la cobertura y fortalecer las capacidades institucionales.
En el caso del proyecto “La Ruta de los Derechos” alcanzó 5.066 servicios en 22 provincias, superando los registros de 2023 (2.377) y 2024 (1.500), lo que refleja un crecimiento sostenido de la presencia territorial.
En cuanto a la atención a ecuatorianos residentes en el exterior, se informó que pueden acceder a la ventanilla virtual “Justicia Lejos de Casa” para recibir orientación inicial y, de ser pertinente, coordinar acciones con entidades públicas nacionales en procesos tramitados fuera del país.
Con base en el análisis efectuado y al considerar que las observaciones formuladas tienen carácter técnico y orientado al fortalecimiento institucional, la mesa recomendó al Pleno de la Asamblea Nacional aprobar el informe presentado.
La Comisión reiteró su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento del sistema de justicia, en garantía de los derechos de la ciudadanía dentro y fuera del territorio nacional.
RSA
