La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales recibió en comparecencia a especialistas de la Universidad Internacional del Ecuador (UID), quienes presentaron observaciones técnicas y jurídicas en el marco del análisis del Proyecto de Ley Orgánica para la Conservación y Protección de Páramos.
Durante la sesión, Mayra Guerra, directora académica de la Escuela de Derecho de la UID, resaltó la importancia del trabajo conjunto entre la academia y el Legislativo para la construcción de normas alineadas con la Constitución y el ordenamiento jurídico vigente. Señaló que los páramos son ecosistemas frágiles fundamentales para el equilibrio ambiental y la provisión de recursos hídricos, cuya conservación constituye una obligación constitucional del Estado.
La experta recordó que la normativa nacional reconoce a los páramos como ecosistemas especialmente protegidos y como sujetos de derechos de la naturaleza, lo que implica garantizar el respeto integral de sus ciclos vitales, su restauración y su manejo sostenible frente a cualquier intervención humana.
Por su parte, Hernán Acevedo, coordinador de la carrera de Derecho en línea de la UID, presentó un análisis comparativo de los proyectos de ley en discusión y expuso recomendaciones consideradas clave para la elaboración de una normativa integral. Entre los principales planteamientos, destacó la necesidad de enfatizar la relevancia constitucional de los páramos, establecer responsabilidad objetiva frente a daños ambientales y asegurar la reparación integral ante afectaciones a estos ecosistemas.
Asimismo, se recomendó definir con claridad el ámbito de aplicación de la ley, incluyendo todos los páramos del país -dentro y fuera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas- y diferenciar entre páramos intervenidos y no intervenidos, con el fin de facilitar su adecuada planificación y gestión.
Los expertos también sugirieron armonizar la propuesta normativa con el Código Orgánico del Ambiente y la legislación relacionada con el ordenamiento territorial, además de incorporar mecanismos de financiamiento sostenibles mediante la creación de un fondo con fuentes claras, aportes estatales e internacionales y esquemas de pagos por servicios ambientales.
En materia de participación, enfatizaron que cualquier decisión sobre los páramos debe garantizar la intervención de pueblos ancestrales y comunidades locales, promoviendo instancias de cogestión y monitoreo comunitario.
Finalmente, señalaron la importancia de establecer un régimen de sanciones proporcional a la gravedad del daño ambiental, acompañado de incentivos para quienes contribuyan a la conservación, así como fortalecer la coordinación institucional entre el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura y los gobiernos autónomos descentralizados para asegurar la correcta implementación de la normativa.
La Comisión continuará receptando aportes técnicos y ciudadanos dentro del proceso legislativo, con el objetivo de construir una ley que garantice la protección de los páramos, fortalezca la participación comunitaria y promueva un equilibrio entre conservación ambiental y desarrollo sostenible.
JC
