La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales recibió a Marcos Acosta y Daniel Procel, expertos en Derecho Ambiental de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, quienes presentaron observaciones técnicas al Proyecto de Ley Orgánica para la Conservación y Protección de Páramos (unificado), previo a la elaboración del informe para primer debate.
Acosta señaló que la propuesta constituye una iniciativa pertinente y relevante para el país, al abordar la protección de los páramos como ecosistemas estratégicos para la seguridad hídrica, la conservación de la biodiversidad y el equilibrio ambiental. Indicó que, desde la revisión académica realizada, no se identificaron observaciones estructurales que cuestionen la finalidad del proyecto, sino más bien oportunidades de mejora que permitan fortalecer su claridad normativa y facilitar su aplicación.
En ese contexto sugirió incorporar de forma expresa el principio de no regresión ambiental en los artículos relacionados con el objeto y la finalidad de la ley, con el fin de garantizar que futuras reformas o disposiciones no debiliten los niveles de protección alcanzados para estos ecosistemas. Asimismo, planteó la necesidad de establecer plazos claros en los procesos de planificación y coordinación entre la autoridad ambiental nacional y los gobiernos autónomos descentralizados.
El académico también destacó la importancia de fortalecer la participación de las comunidades que habitan estos territorios, garantizando mecanismos efectivos de participación ciudadana, capacitación y corresponsabilidad en la gestión y protección de los ecosistemas. Recomendó precisar los instrumentos financieros destinados a la conservación de los páramos y asegurar que los recursos presupuestarios asignados a este fin no sean objeto de reducciones mediante reformas presupuestarias, garantizando la sostenibilidad de las acciones de protección ambiental.
Por su parte, Procel destacó que los páramos constituyen uno de los ecosistemas más estratégicos del país, al contribuir a la regulación hídrica, la conservación de especies únicas y la seguridad ambiental de las presentes y futuras generaciones. En ese sentido, subrayó que su protección responde no solo a una necesidad ecológica, sino también a un mandato constitucional que reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos.
Señaló que el artículo 5 del proyecto de ley -que establece los principios rectores- constituye el núcleo normativo de la propuesta. Aunque valoró los principios incluidos, recomendó incorporar otros reconocidos en el derecho ambiental internacional y en la normativa ecuatoriana: prevención, precaución, desarrollo sostenible, mejores tecnologías, responsabilidad objetiva, no regresión e in dubio pro natura. Explicó que esto fortalecería el marco jurídico y aseguraría que la gestión de los páramos se base en criterios técnicos, científicos y de sostenibilidad.
Los expertos coincidieron en que el proyecto representa un avance significativo para el fortalecimiento del derecho ambiental ecuatoriano. No obstante, señalaron que su eficacia dependerá de la incorporación de ajustes técnicos que permitan equilibrar la protección de estos ecosistemas estratégicos con mecanismos claros de gestión, participación y cumplimiento de la normativa.
RSA
