La asambleísta Karolina Dueñas, representante de la provincia de Esmeraldas, presentó el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal para la tipificación de conductas vinculadas a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes mediante inteligencia artificial y otras tecnologías de la información.
La propuesta responde a los nuevos riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes en entornos digitales, donde herramientas tecnológicas avanzadas pueden ser utilizadas para crear, simular o difundir material de carácter sexual sin contacto físico directo, pero con graves consecuencias para las víctimas.
En ese sentido, el proyecto plantea incorporar como circunstancia agravante el uso de inteligencia artificial o plataformas digitales para contactar, engañar, manipular o suplantar la identidad de las víctimas con fines delictivos.
Asimismo, se propone la creación de nuevos tipos penales que sancionen la producción, simulación y recreación de material de explotación sexual infantil generado mediante inteligencia artificial. Las penas contempladas van desde siete hasta diecinueve años de privación de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, la condición de la víctima y la relación del agresor con ella.
También se establecen sanciones para quienes comercialicen, difundan, almacenen o faciliten el acceso a este tipo de material, incluso cuando haya sido generado de forma completamente sintética o en el extranjero, reconociendo así el carácter transnacional de estos delitos.
De manera adicional, la iniciativa contempla agravantes específicas cuando las víctimas sean niñas, niños o adolescentes con discapacidad, enfermedades graves o trastornos mentales, así como en casos en que el agresor sea parte del entorno familiar, educativo o de confianza.
Finalmente, la disposición transitoria establece que, en un plazo de 120 días desde la publicación de la ley, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional deberán actualizar o emitir protocolos especializados para la investigación digital, la preservación de evidencia y la cadena de custodia, garantizando una adecuada aplicación de la normativa.
MEV
