La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, este lunes 6 de abril, retomó el tratamiento del proyecto unificado de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), como parte de la construcción del informe para primer debate. En esta oportunidad, se recibieron observaciones relacionadas con el aborto no punible, la violencia gineco obstétrica, los delitos contra la integridad sexual y el consumo de pornografía infantil.
En este sentido, Alexander Barahona, magíster en Derecho Constitucional, se refirió al aborto no punible en los casos de incesto e inseminación no consentida. Basó su exposición en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que conmina a Ecuador a realizar los ajustes normativos para sancionar las conductas incestuosas, de manera que no se obligue a la víctima a una maternidad no consentida.
Explicó que puede haber casos en los cuales la mujer esté dispuesta a someterse a un procedimiento de maternidad asistida, pero ocurran errores en la inseminación o, como sucede en ciertas ocasiones, no exista un consentimiento real, sino que sobre ella se haya ejercido presión o coacción por parte de su pareja o su familia. En estas circunstancias, el aborto no debería ser punible, para precautelar los derechos sexuales y reproductivos.
En torno a la violencia gineco obstétrica, Barahona mencionó que esta figura se refiere al trato discriminatorio, grosero y humillante que reciben las mujeres en condición de vulnerabilidad cuando acuden a los servicios de salud para solicitar atención oportuna e interrumpir un embarazo no deseado, así como en los casos en que, sin autorización de la víctima, se practican procedimientos para evitar el embarazo, ya sea mediante el implante de dispositivos intrauterinos u otros anticonceptivos permanentes.
Por su parte, Elizabeth Otavalo, directora de Política Integral de los Derechos de la Población LGBTI del Ministerio de Gobierno, al referirse a este capítulo de las reformas al COIP, señaló que este es un tema relacionado al ejercicio de los derechos de las mujeres, sin ser forzadas a una maternidad no consentida, y añadió que se trata de un asunto de justicia social y de salud pública.
A su criterio, el respeto absoluto a su libertad debe ser parte de las acciones que realizan las casas de salud, ya que es en estos espacios donde se evidencia la violencia gineco obstétrica, muchas veces disfrazada de atención médica. “Hay malos tratos, práctica de procedimientos no consentidos, abuso de medicación, entre otros actos de agresión explícita contra las mujeres en condición de vulnerabilidad”, añadió.
Resaltó, además, la necesidad de establecer tipos penales contra la integridad sexual y el consumo de pornografía infantil, que son formas de violencia que persisten en la sociedad ecuatoriana. “Cada página que se abre con contenido de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, así como cada foto o video que se descarga, convierte a esas personas en cómplices de estos delitos”, enfatizó Otavalo.
EG
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