La Comisión de Seguridad Integral, en el marco del tratamiento del informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo y la Simulación de Funciones mediante Uniformes de Seguridad Pública, este lunes 20 de abril, recibió los criterios de delegados de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) y de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), así como de un experto en Derecho Constitucional.
En este contexto, Martín Domínguez, delegado de la UIDE, recordó que el derecho penal es taxativo; por tanto, no hay espacio para la interpretación y requiere absoluta claridad en la redacción del articulado que determina la existencia de una nueva conducta penal, en este caso, en relación con el uso indebido de uniformes, credenciales e insignias de las entidades de seguridad.
Observó que se establecen varias circunstancias que corresponden a actividades que podrían configurar el delito. En ese sentido, advirtió que, si se mantiene como sujeto activo a quien ejerció como servidor público, el tipo penal no alcanzaría a las personas que, sin haber sido funcionarios, entreguen o faciliten el uso de un uniforme institucional para fines delictivos.
De su lado, Paulina Ramón, delegada de la PUCE, observó si la creación de nuevas infracciones es un mecanismo idóneo para evitar delitos como el uso indebido de uniformes de instituciones de seguridad pública. Consideró que lo más importante sería reforzar los controles en la fabricación, entrega y uso de uniformes, insignias y demás bienes utilizados en el ámbito de la seguridad.
Añadió que, si se habla del uso indebido o de la falsificación de insumos y uniformes, se debe reflexionar sobre el bien jurídico que se protege, tomando en cuenta que el derecho penal es de última ratio (último recurso). En esa línea, insistió en que el control debe efectuarse, sobre todo, en el ámbito administrativo.
Por último, Nino Cassanello, experto en Derecho Constitucional, señaló que los medios para la comisión de delitos se perfeccionan constantemente, por ejemplo, en el uso de insignias y uniformes de seguridad. Esto obliga a que la legislación responda de manera oportuna ante estas nuevas conductas.
Sin embargo, explicó que la problemática también abarca el uso de sirenas, balizas y otros dispositivos en vehículos que simulan la presencia de autoridades policiales, de tránsito, entre otras. Por ello, consideró necesario que el uso indebido de sirenas y balizas se incluya dentro del capítulo de las contravenciones.
Objeción parcial
En otro orden, la comisión inició el trámite de la objeción parcial por inconveniencia al Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario, presentada por el Ejecutivo, proyecto que fuera aprobado por la Asamblea Nacional el 17 de marzo pasado, con 84 votos. Al respecto, la mesa analizará las observaciones del Presidente de la República y elaborará el respectivo informe no vinculante para conocimiento del Pleno.
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