La Comisión de Régimen Económico, con 10 votos afirmativos, aprobó el informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para Restituir el Control Previo de Legalidad de Actos y Contratos y recomendó su archivo, al considerar que responde a un contexto jurídico e institucional distinto al actual.
La propuesta, presentada en 2019, buscaba incorporar en la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado la atribución de emitir informes previos de legalidad sobre actos vinculados a procesos de contratación que generan contratos administrativos.
Tras el análisis, la comisión concluyó que su aprobación implicaría un retroceso y un desafío estructural para la Procuraduría General del Estado. Además, su implementación demandaría mayores recursos presupuestarios en personal, procesos y tecnología para garantizar un funcionamiento adecuado.
El informe advierte también que la iniciativa podría convertir a la Procuraduría en juez y parte, al asignar a una dependencia el control previo y a otra el control posterior, lo que podría generar inconsistencias institucionales.
Entre los riesgos identificados constan posibles retrasos para las entidades contratantes, afectaciones en los procedimientos de contratación pública y la extralimitación de competencias del proponente. Asimismo, se señala que la propuesta carece de viabilidad legislativa al implicar un incremento del gasto público.
Durante el tratamiento del proyecto, la mesa legislativa recibió aportes de Jenifer Rodas Figueroa, directora nacional de Iniciativa Legislativa e Investigaciones Jurídicas, y Cristina Calvopiña García, subdirectora de Contratación Especial, en representación de la Procuraduría General del Estado; de Néstor Toro-Hinostroza, delegado de la Contraloría General del Estado; y de Larissa Gaibor Flor, experta en derecho regulatorio, derecho público y resolución de disputas, entre otros.
El informe aprobado será remitido al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen.
AM
