El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y los Consejos Nacionales para la Igualdad de Género y de Igualdad Intergeneracional presentaron observaciones técnicas a los proyectos de ley relacionados con la obesidad en el Ecuador, actualmente unificados y en trámite para primer debate en la Comisión del Derecho a la Salud.
En representación del IESS, el director del Seguro General de Salud Individual y Familiar, William Perugachi Calderón, señaló que el análisis de estas iniciativas trasciende el ámbito normativo y constituye una decisión estratégica para el sistema de salud. Destacó la necesidad de transitar hacia un modelo centrado en la prevención y el uso eficiente de recursos, frente a uno enfocado en el financiamiento de enfermedades de alto costo.
Advirtió que la obesidad es un factor de riesgo determinante en enfermedades crónicas no transmisibles —como las cardiovasculares, la diabetes y el cáncer— y que más de la mitad de la población ecuatoriana presenta exceso de peso, lo que incrementa la presión sobre los servicios de salud, especialmente por la atención tardía de complicaciones.
El IESS valoró los aportes de las propuestas legislativas, pero identificó oportunidades de mejora relacionadas con su viabilidad operativa y sostenibilidad financiera. En este contexto, sus observaciones se estructuran en cinco ejes: fortalecimiento de la rectoría del Ministerio de Salud Pública; financiamiento progresivo y sostenible; priorización de la atención primaria y la prevención; regulación integral de la alimentación, la publicidad y los entornos saludables; y establecimiento de indicadores de seguimiento y evaluación.
Desde el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, su director ejecutivo, Aron Sánchez, enfatizó la necesidad de reconocer la obesidad como una enfermedad crónica, compleja y multifactorial, incorporando un enfoque intergeneracional que garantice atención a lo largo del ciclo de vida. Entre sus principales observaciones constan: asegurar el interés superior de niñas, niños y adolescentes; garantizar el acceso equitativo a tratamientos; prevenir la estigmatización en entornos educativos; promover infraestructura urbana inclusiva; y fortalecer sistemas de información que integren datos sobre sobrepeso y obesidad.
Asimismo, planteó la importancia de precisar definiciones técnicas, fortalecer la participación ciudadana en el control social de la política pública y garantizar la supervisión técnica en servicios relacionados con el tratamiento de la obesidad.
Por su parte, la secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, Juana Fernández, subrayó que el abordaje normativo debe sustentarse en un enfoque de derechos humanos, con perspectiva de género, interseccional e intergeneracional. Señaló que la obesidad debe entenderse como un problema de salud pública vinculado a determinantes sociales, por lo que es necesario evitar enfoques exclusivamente individualizantes.
Enfatizó la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y los medios de comunicación en la promoción de hábitos saludables y en la eliminación de estereotipos que perpetúan la discriminación. Además, destacó la necesidad de cerrar brechas en el acceso a alimentación saludable, especialmente en poblaciones rurales y en situación de vulnerabilidad.
Las instituciones coincidieron en que las observaciones presentadas buscan contribuir a la construcción de una ley viable, medible y sostenible, que garantice el derecho a la salud y promueva soluciones efectivas frente a la obesidad en el país.
RSA
