La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, este viernes 8 de mayo, continuó con el análisis del proyecto unificado de reformas a la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores y al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para la protección de las personas adultas mayores. Para el efecto, se recibieron criterios jurídicos y observaciones del experto en materia penal, Leonardo Urbina.
Urbina señaló que es oportuno desarrollar una reforma legal para proteger a las personas adultas mayores que son víctimas de violencia intrafamiliar, especialmente en el ámbito patrimonial. Añadió que el 80 % de los casos de violencia proviene de familiares directos, como hijos, hermanos y sobrinos, así como de personas que actúan como cuidadores o tutores legales.
Además, consideró que la mayoría de los conflictos que ocurren se relaciona con temas patrimoniales, debido a la apropiación de bienes, la administración indebida de pensiones jubilares, entre otras prácticas que derivan en denuncias y procesos judiciales.
Respecto a las contravenciones por violencia intrafamiliar, Urbina manifestó que estas no abarcan los verdaderos problemas, ya que los jueces únicamente pueden pronunciarse sobre violencia física o psicológica, mas no sobre violencia patrimonial, vinculada con estafas en el manejo de bienes, pensiones y otros recursos de las personas adultas mayores. Por ello, consideró pertinente reformar el COIP y tipificar delitos relacionados con esta problemática.
Asimismo, sugirió que, en la aplicación de las penas para estos delitos, se tomen en cuenta las circunstancias agravantes previstas en el artículo 48 del COIP. Explicó que se deberá aplicar la pena máxima aumentada en un tercio cuando los responsables sean miembros del núcleo familiar, personas cuidadoras o representantes legales de los adultos mayores.
La presidenta de la comisión, Diana Jácome, anunció que en los próximos días se invitará a diversas organizaciones, profesionales y académicos para que contribuyan al debate de esta normativa, que busca precautelar los derechos de las personas adultas mayores.
EG
