La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, la tarde de este lunes 11 de mayo, recibió los aportes técnicos y jurídicos de la Procuraduría General del Estado en torno al Proyecto de Reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo y la Simulación de Funciones Mediante Uniformes de Seguridad Pública, unificado con el proyecto de Reformas a Varios Cuerpos Legales para Proteger el Uso Legítimo de Uniformes e Insignias Institucionales, como parte del análisis previo a la elaboración del informe para segundo debate.
En esta oportunidad participaron tres representantes de la Procuraduría. Jenifer Rodas Figueroa, directora de Iniciativa Legislativa, formuló algunas recomendaciones para mejorar la redacción de la exposición de motivos del proyecto de ley, así como de dos considerandos, de manera que se cumplan los requisitos técnicos necesarios para justificar la necesidad de establecer una normativa que regule el uso legítimo de uniformes e insignias de los organismos de seguridad del Estado.
Por su parte, Alonso Fonseca se refirió a la importancia de establecer la trazabilidad y el control del sistema, tanto de producción como de comercialización de los uniformes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, como mecanismo para evitar que, a través de la simulación de funciones de estas entidades de seguridad, se corra el riesgo de endilgar al Estado responsabilidad por actos de vulneración de derechos de los ciudadanos.
Añadió que los indicadores de trazabilidad aportarán a la correcta investigación penal para determinar elementos probatorios sobre la comisión de delitos por parte de grupos de delincuencia organizada. En este sentido, agregó que existen normas internacionales, como las ISO, que permiten asegurar la calidad, seguridad y eficiencia de productos y servicios.
Por último, Jorge Palacios consideró que el proyecto es compatible con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, al establecer tipos penales claramente determinados. También señaló que se sustenta en la jurisprudencia interamericana, que marca la necesidad de distinguir, en todo conflicto armado, la condición de las personas civiles y de los combatientes, de conformidad con las normas del Derecho Internacional Humanitario.
Al cierre de la sesión, Andrés Castillo, presidente encargado de la mesa legislativa, solicitó que se remitan las opiniones por escrito, a fin de que sean consideradas en las mesas de trabajo para la redacción del informe para segundo debate.
EG
