La Comisión de Gobiernos Autónomos continuó el tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) unificado, como parte de la elaboración del informe para primer debate. En este contexto, recibió los criterios técnicos de la especialista en urbanismo Marcia Benavides, quien expuso varias observaciones jurídicas y territoriales sobre las reformas planteadas.
Durante su intervención, Benavides señaló que el ordenamiento territorial se encuentra articulado a más de 40 marcos legales, por lo que cualquier reforma debe analizarse de manera integral y en concordancia con otras normas vigentes. Desde su experiencia en territorio y en instituciones vinculadas a planificación y desarrollo urbano, observó que muchas veces las leyes se construyen con buena intención, pero su aplicación práctica genera conflictos y vacíos normativos.
Respecto a la propuesta sobre la personería jurídica de los barrios, explicó que es necesario diferenciar claramente entre barrio, consejo barrial y comité barrial, para evitar disputas entre directivas y problemas de representación comunitaria. Además, insistió en que los municipios deberán contar con registros organizativos claros y armonizados con la Ley de Participación Ciudadana y demás normativa relacionada.
En relación con las reformas sobre venta directa de bienes municipales a arrendatarios y posesionarios, manifestó que la iniciativa es viable, pero requiere parámetros estrictos de transparencia, valoración técnica y control institucional. Por ello, propuso incorporar la figura de peritos evaluadores independientes y fortalecer las responsabilidades de las áreas de catastro y avalúos.
Asimismo, advirtió sobre prácticas especulativas y posibles actos de corrupción relacionados con adjudicaciones de terrenos municipales por debajo de su valor real. Frente a ello, recomendó aplicar mecanismos ya contemplados en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, como el derecho de superficie, que permite garantizar acceso a vivienda sin que el Estado pierda la propiedad del suelo.
Finalmente, enfatizó la necesidad de actualizar catastros, definir claramente el concepto de posesión y armonizar la reforma con disposiciones del Código Civil, la Ley de Contraloría, la Ley de Participación Ciudadana y otras normas relacionadas con bienes públicos, patrimonio estatal y pueblos y nacionalidades indígenas. Además, recomendó incluir disposiciones transitorias para que los municipios adecuen sus ordenanzas y fortalezcan los mecanismos de control territorial.
MEV
