Alejandro Lara propone reformas para evitar cobros excesivos en juicios por deudas

Miércoles, 13 de mayo del 2026 - 16:12 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

El asambleísta Alejandro Lara, representante de la provincia de Tungurahua, presentó un proyecto de reforma al Código Orgánico General de Procesos (COGEP) para hacer más justos y claros los juicios relacionados con el cobro de deudas.

La propuesta busca corregir problemas legales que actualmente afectan tanto a quienes reclaman un pago como a quienes deben cancelar una obligación. Estos procesos se aplican cuando una deuda está respaldada por documentos como letras de cambio, contratos u otros títulos válidos.

Uno de los principales cambios plantea poner límites a las costas procesales, es decir, a los gastos que debe pagar la persona que pierde un juicio, incluidos los honorarios de abogados. Según explicó Lara, en algunos casos estos cobros resultan excesivos y terminan afectando económicamente a las partes involucradas.

Por ello, el proyecto propone que los honorarios de abogados no superen el 5 % del valor reconocido en la sentencia, además de aplicar una tabla progresiva según el monto de la deuda.

La iniciativa también busca aclarar las diferencias y contradicciones que actualmente existen entre los llamados títulos ejecutivos y títulos de ejecución, situación que, según el legislador, provoca problemas y demoras al momento de emitir sentencias.

Otro punto de la reforma se refiere a la actualización de las deudas durante la etapa de ejecución. Lara indicó que actualmente hay personas que, pese a tener documentos válidos para cobrar, deben esperar varios años para recuperar su dinero.

Ante ello, el proyecto plantea mecanismos para actualizar valores de capital, intereses y gastos judiciales cuando hayan pasado más de seis meses desde la orden de ejecución. Además, se busca evitar que se cobren intereses generados únicamente por retrasos judiciales o causas que no dependan del deudor.

La propuesta también incorpora reglas claras sobre los documentos que podrán ser considerados títulos ejecutivos, incluyendo documentos físicos, electrónicos y contratos de préstamo, con el objetivo de adaptar la normativa a las nuevas formas de contratación y obligaciones financieras.

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