La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, este viernes 15 de mayo, en el tratamiento previo a la redacción del informe para segundo debate del Proyecto de Reformas a la Ley de Inquilinato, recibió aportes jurídicos y técnicos de Cristina Pomboza, directora de Asesoría Jurídica de la Casa de la Cultura, y de Vinicio Palacios, magíster en Derecho Procesal.
En este contexto, Pomboza subrayó que este proyecto es importante para superar el desfase legal de la actual legislación, que data de los años 40 y fue reformada en el 2000, en la cual las sanciones económicas todavía se expresan en sucres. “Es una ley que tiene un impacto muy importante para los ciudadanos y debe ser armonizada con la Constitución vigente”, aseguró.
Respecto de las sanciones, propuso sustituir la expresión en sucres por porcentajes en relación con el salario básico unificado de cada trabajador. En este caso, las multas no podrán ser inferiores al 30 % del salario básico unificado, porque mantener un mecanismo de indexación sobre la base de estudios técnicos elaborados por el Banco Central del Ecuador impediría que estos valores sean debidamente actualizados.
Por su parte, Palacios destacó el debate de esta propuesta, al constituirse en un avance en cuanto a los conceptos y, en general, a una cultura de paz. Señaló que se trata de una normativa que no ha sido reformada desde 2016, cuando, en el marco del Código Orgánico General de Procesos, se determinaron los aspectos relacionados con los trámites judiciales en esta materia.
También explicó que establece requisitos que brindan seguridad jurídica a los contratos de arrendamiento, lo que generará ingresos al Estado, al determinar que aquellos con un canon de arrendamiento igual o superior al 50 % del salario básico unificado sean registrados obligatoriamente ante notario.
Asimismo, consideró adecuado que se incluya la posibilidad de que las controversias en materia de inquilinato puedan someterse a mecanismos alternativos de solución de conflictos, como la mediación, lo que permitirá descongestionar la carga procesal de los juzgados de inquilinato y disminuir los plazos y costos para la resolución de estos casos.
Las observaciones y sugerencias serán analizadas en las mesas técnicas, en el marco de la construcción del informe para segundo debate.
EG
