En el marco del proceso de fiscalización y control político respecto de la presunta existencia de una estructura organizada de corrupción al interior de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, que habría generado un perjuicio al Estado ecuatoriano, la Comisión de Desarrollo Económico recibió a Jenny Desiderio, gerente subrogante de la empresa pública; y a delegados de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad.
Durante su comparecencia, Desiderio explicó que CNEL atiende a más de 2,8 millones de clientes en 11 unidades de negocio a escala nacional y que la empresa fortaleció sus controles comerciales mediante la implementación del sistema SAP, herramienta que permite garantizar trazabilidad y auditoría en cada transacción realizada.
Indicó que las refacturaciones forman parte del proceso comercial y constituyen un mecanismo para garantizar que las planillas reflejen el consumo real de los usuarios, especialmente en casos de errores de lectura, consumos estimados o reclamos ciudadanos.
Asimismo, señaló que el proceso contempla validaciones técnicas, registro fotográfico de medidores y controles internos. No obstante, reconoció que existen vulnerabilidades en determinados niveles de autorización y regularización de consumos, por lo que CNEL trabaja en reforzar los mecanismos de control y transparencia.
Por su parte, Juan Cevallos, coordinador nacional de control eléctrico de ARCONEL, informó que menos del 1 % de los reclamos comerciales de las empresas eléctricas escalan a segunda instancia ante la Agencia, mecanismo que permite revisar los casos cuando los usuarios no están conformes con las respuestas emitidas por las distribuidoras.
Añadió que CNEL EP, especialmente la unidad de negocio Guayaquil, concentra la mayor cantidad de reclamos. En ese contexto, destacó que la entidad realiza inspecciones, mesas de trabajo y revisiones normativas orientadas a fortalecer los procesos de facturación y proteger los derechos de los usuarios.
De igual manera, la directora técnica de comercialización de ARCONEL manifestó que la entidad detectó irregularidades en reclamos comerciales relacionados con consumos estimados sin sustento, errores en medidores y multas aplicadas fuera de tiempo, casos en los que se dispusieron refacturaciones a favor de los usuarios. Además, enfatizó que la normativa vigente prohíbe trasladar a los ciudadanos pérdidas ocasionadas por fallas atribuibles a las empresas distribuidoras.
Finalmente, Gabriela Mendieta, coordinadora de asesoría jurídica de ARCONEL, informó que la entidad presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se investiguen las presuntas irregularidades en los reclamos de segunda instancia relacionados con procesos de facturación eléctrica. Asimismo, señaló que se solicitó a la Contraloría General del Estado el inicio de acciones de control para determinar posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales de los funcionarios involucrados.
MEV
