La Comisión de Seguridad Integral conoció el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y a la Ley Orgánica de Inteligencia, con el fin de combatir las telecomunicaciones no autorizadas desde los centros de privación de libertad.
Su proponente, el asambleísta Ferdinan Álvarez, reiteró que la seguridad del país se enfrenta tanto fuera como dentro de las cárceles. “Las organizaciones delictivas utilizan teléfonos celulares, chips internacionales, roaming y aplicaciones digitales para ordenar extorsiones, sicariatos y otros delitos desde los centros penitenciarios, aprovechando vacíos legales y tecnológicos. Es ahí donde el Estado tiene la obligación de cerrar esa puerta y entrar a regular”.
Entre las principales propuestas constan declarar a las cárceles como zonas de seguridad en telecomunicaciones; permitir la restricción y gestión de señales; obligar a las operadoras telefónicas a colaborar mediante la reconfiguración de celdas y reducción de potencia; tipificar agravantes penales para delitos cometidos mediante telecomunicaciones desde prisión; y fortalecer los mecanismos de inteligencia penitenciaria y coordinación interinstitucional.
La iniciativa también incorpora herramientas tecnológicas modernas, como sistemas de geolocalización avanzada y acceso gestionado, para identificar comunicaciones ilícitas y rastrear actividades criminales.
Como segundo punto, la mesa legislativa continuó el tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica que regula el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, para lo cual recibió las observaciones del general (SP) Enrique Espinosa de los Monteros.
De los Monteros recomendó incorporar reglas operativas precisas, controles periódicos, mecanismos de supervisión, regulación de inteligencia, protección a la población vulnerable y procesos de retiro progresivo, para evitar una militarización permanente y fortalecer la seguridad jurídica del proyecto.
JC
