La Comisión de Biodiversidad recibió los aportes técnicos del Ministerio del Ambiente y Energía, en el marco del tratamiento del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico del Ambiente (COA) Relacionado al Cambio Climático. En ese contexto comparecieron Adriana Delgado, directora nacional de Mitigación del Cambio Climático, y Paola Guadalupe, especialista en patrimonio natural.
Las delegadas señalaron que la iniciativa busca evitar duplicidad normativa y fortalecer la rectoría ambiental del Estado, manteniendo coherencia con instrumentos como la Estrategia Nacional de Cambio Climático, los inventarios de gases de efecto invernadero y los mecanismos de financiamiento climático internacional.
Entre los principales aportes se incluyen: pérdidas y daños, para incorporar este componente dentro del COA como un pilar complementario a la mitigación y adaptación climática, considerando que muchos impactos ya generan afectaciones y superan la capacidad de respuesta actual; el Registro Nacional de Cambio Climático, destacando la importancia de contar con sistemas de trazabilidad, monitoreo y verificación que permitan fortalecer la gestión y control de las emisiones de gases de efecto invernadero; y mecanismos de cooperación y mercados climáticos, explicando la transición del Protocolo de Kioto hacia el Acuerdo de París y la necesidad de generar un marco jurídico que permita al Ecuador acceder a mecanismos internacionales de financiamiento climático bajo reglas claras y supervisión estatal.
Durante la sesión aclararon inquietudes relacionadas con una posible mercantilización de la naturaleza. Explicaron que la propuesta no regula bosques ni biodiversidad como bienes comercializables, sino únicamente resultados verificables de mitigación medidos en toneladas de CO2 equivalente.
Delgado enfatizó “la naturaleza no se privatiza ni se vende; el rol del Estado es regular y autorizar estos mecanismos bajo criterios técnicos”. Asimismo, explicó que el Acuerdo de París corrigió limitaciones existentes durante la etapa del Protocolo de Kioto, especialmente respecto al riesgo de doble contabilidad. Señaló que actualmente los ajustes correspondientes permiten garantizar que las reducciones de emisiones solo sean contabilizadas una vez a escala global.
La directora nacional de Mitigación explicó que la reforma no se limita únicamente a mitigación y adaptación, sino que incorpora un nuevo componente: pérdidas y daños asociados al cambio climático, con el propósito de fortalecer la respuesta del país frente a impactos que ya superan las capacidades tradicionales de adaptación.
La comisión continuará el debate del proyecto a fin de recoger aportes que contribuyan a la construcción de una normativa sólida.
JC
