La Comisión del Derecho a la Salud profundiza el análisis, en primer debate, de los proyectos unificados para la atención integral de la obesidad, con la participación de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, representantes del sector asegurador y de empresas de medicina prepagada, quienes expusieron observaciones técnicas, actuariales y financieras sobre la propuesta normativa.
El superintendente Luis Alberto Cabezas-Klaere ratificó el respaldo institucional a iniciativas orientadas a enfrentar la obesidad como un problema de salud pública; sin embargo, considera que la eliminación de la obesidad como condición preexistente y la ampliación obligatoria de coberturas podrían afectar la sostenibilidad financiera de aseguradoras y empresas de medicina prepagada.
Explicó que el sistema de seguros se basa en la cobertura de riesgos futuros e inciertos, por lo que incorporar enfermedades ya diagnosticadas como riesgos asegurables podría generar distorsiones en el cálculo de primas, solvencia y liquidez del sistema. Asimismo, expresó preocupación por la asignación de nuevas competencias de control y auditoría a la Superintendencia sin recursos adicionales, insistiendo en la necesidad de fortalecer la autonomía financiera y operativa del organismo.
Patricio Salas, secretario General de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros destacó que el sector asegurador brinda cobertura a cerca de 1,8 millones de personas y financia aproximadamente USD 600 millones anuales en servicios de salud, contribuyendo al alivio del gasto público. No obstante, advirtió que la incorporación de coberturas obligatorias sin sustento técnico podría generar desequilibrios financieros y afectar la viabilidad del sistema.
Enfatizó que principios como la mutualización, la solvencia y la regulación de preexistencias son esenciales para evitar fenómenos de “selección adversa”, en los que las personas contratarían seguros únicamente cuando requieran atención médica. Añadió que el sector está dispuesto a colaborar en iniciativas preventivas y en tratamientos para obesidad severa y mórbida, siempre que estén respaldados por evidencia científica y criterios médicos.
Finalmente, María Fernanda Ulloa, presidenta del Directorio de la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Medicina Prepagada manifestó que las empresas de medicina prepagada comparten la preocupación por el avance de la obesidad y respaldan medidas preventivas; sin embargo, observó que la obligatoriedad de nuevas coberturas podría provocar incrementos en tarifas y afectar la sostenibilidad del sistema y el acceso de los usuarios a planes privados de salud.
El presidente de la mesa legislativa, Juan José Reyes, subrayó la necesidad de impulsar campañas de prevención, alimentación saludable y reducción del sedentarismo, destacando el rol complementario que puede desempeñar el sector privado en educación y promoción de hábitos saludables.
RSA
