A lo largo de la historia existe un avance significativo en la participación de las mujeres en lo político y lo público en América Latina, dijo Mariana Caminotti, invitada internacional al Primer Encuentro Internacional Mujeres en lo Público, quien precisó que si bien se han conquistado puestos de decisión, acciones afirmativas, políticas de paridad de género, ley de cuotas en las Constituciones de los países de América Latina, queda mucho por hacer y recorrer para alcanzar esos espacios de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. El promedio mundial de representación de mujeres es de casi el 28%.
A su criterio, existen tres obstáculos que tiene que enfrentar la mujer en lo público: la falta de oportunidades para participar en la vida pública en igualdad de condiciones con los hombres; cuando las mujeres logran involucrarse en organizaciones partidistas enfrentan estereotipos sobre prejuicios, prácticas de exclusión, obstáculos de permanencia; y, no se distribuye de forma equitativa la participación con políticas de paridad de género, políticas de corresponsabilidad.
Corregir la inequidad en razón de género
En este encuentro, Roxana Silva, consejera del Consejo Nacional Electoral subrayó que todavía existe un marco de desigualdad en la participación de las mujeres frente a los hombres, sea por cuestiones socioculturales, aspectos de convivencia social o en el ejercicio de los derechos de participación política, lo que significa una predominancia de lo masculino en las esferas públicas.
Para poder revertir este fenómeno, el Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de los mandatos constitucionales, está comprometido con incorporar la perspectiva de género dentro de los procesos y servicios de su competencia. Esta es una ardua tarea que no solo se logra con aquellas importantes medidas legislativas adoptadas en aplicación de la Constitución, sino con la implementación de políticas, programas, proyectos y actividades tendientes a lograr la igualdad real, subrayó.
Dijo que una de estas medidas que adoptaron es la creación de la Comisión de Inclusión, que tiene como objetivo elaborar el proyecto de investigación y análisis de los resultados obtenidos durante las diferentes etapas del ciclo electoral 2012-2013, con la finalidad de generar insumos que le permitan al Consejo Nacional Electoral adoptar las medidas necesarias en aras a garantizar la incorporación en igualdad de derechos a sectores tradicionalmente discriminados y marginalizados y con enfoque de género. Este trabajo permitirá que se implementen en el CNE medidas y acciones que corrijan cualquier inequidad en razón de género, edad, cultura, entre otros, añadió.
Seguridad Social
María del Rosario Aguirre, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, al hablar sobre el derecho universal de la seguridad social, precisó que el sistema de aseguramiento universal debe basarse en un esquema multinivel que permita elementos de redistribución, capitalización y solidaridad para mantener el piso básico de seguridad para esta población. Una discusión pendiente se refiere al financiamiento y la incorporación de las diversas modalidades de trabajo en las que se han involucrado las mujeres y sus familias en los años recientes.
Desigualdad y discriminación
Por su parte, Marcela Miranda, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social indicó que la práctica social y política demuestra que las mujeres no cuentan con las mismas posibilidades de acceso a cargos de decisión ni de participación en la toma de decisiones, ni de consideración de sus capacidades para ocupar puestos públicos.
Manifestó que la desigualdad y la discriminación se evidencian claramente en el insuficiente ejercicio del derecho a la participación y representación política, a la ciudadanía plena por parte de las mujeres. Si bien la condición de ciudadana -mediante el sufragio- fue el pasaporte que les dio a las mujeres el ingreso nominal al mundo de la vida pública y al espacio de lo político, el balance -en este momento del siglo XXI- indica que es mucho lo que falta para alcanzar la igualdad con respecto a los hombres en este ámbito, añadió.
El ejercicio de participación ciudadana, como se encuentra conceptualizado en la Constitución de 2008, ha significado un cambio radical con relación a las formas que se conocen en la democracia tradicional de los estados modernos, incluido el ecuatoriano, ya que la intervención ciudadana se ha caracterizado por un bajo impacto de influencia en las esferas del poder político, agregó.
El temprano reconocimiento del derecho al sufragio de las mujeres en Ecuador, en comparación con otros países, así como la institucionalización de otros derechos relacionados con la igualdad de mujeres y hombres y las diversidades de género, no traen cambios sustanciales en el ejercicio de poder, en los patrones culturales imperantes ni en las estructuras económicas y políticas que sostienen y reproducen la desigualdad. Lo expuesto tiene evidencia en los altibajos de la misma institucionalidad de género al interior del Estado, en el sistema político y en los espacios de incidencia a los que, con limitaciones, tienen acceso clases, grupos y sectores tradicionalmente excluidos del poder social y político de nuestro país, concluyó.
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