El alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Augusto Barrera, al ser recibido en comisión general en el Pleno, presentó una propuesta de reforma al artículo 596 del Código Orgánico de Organización Territorial que tiene por objetivo superar dificultades detectadas durante el proceso de regularización de asentamientos humanos y consolidados, es decir barrios ilegales.
El burgomaestre señaló que el artículo 596 dispone el pago al lotizador ilegal por el predio expropiado fraccionado ilegalmente, lo que implica que la municipalidad debe destinar una parte de su presupuesto para pagar al lotizador informal que ya recibió dinero de los perjudicados, por ello pidió que se incluya un inciso que facilite la venta directa a los posesionarios asentados en predios que han pasado a favor del municipio por procesos coactivos en contra de lotizadores informales, sin necesidad de subasta.
Según la propuesta, en los caos que por procesos administrativos los lotes hayan pasado a favor del gobierno autónomo descentralizado y se encuentren asentamientos humanos de hecho y consolidados, se podrá realizar la venta directa sin necesidad de subasta a los posesionarios del predio, sin tomar en cuenta las variaciones derivadas del uso actual del bien o su plusvalía.
Augusto Barrera dijo que otro problema que dificulta el trámite de regularización se presenta en los juicios de expropiación iniciados para que el juez fije el justo precio del predio, al no existir una limitación del monto se generan problemas, por lo que es necesario establecer un límite máximo.
Bajo estos aspectos, sugirió que en los juicios de expropiación que se inicien para fijar el justo precio del lote expropiado, en los casos en los que el propietario del inmueble que pretende regularizarse lo hubiera lotizado, contraviniendo disposiciones legales, ordenanzas o normas tales como: uso del suelo, porcentajes de áreas verdes, extensión de lote mínimo, ocupación de franjas de protección, entre otros, el juez no podrá fijar el precio justo en más del 10% de la valoración generada por la municipalidad.
Recordó que en la ciudad de Quito existen muchos asentamientos que se encuentran en pendientes superiores a 30% equivalente a 17 grados, por lo que propuso que se prohíbe regularizar, titularizar o legalizar predios de protección forestal, de pendientes superiores a 30 grados o que correspondan a riberas de ríos, lagos y playas, tampoco aquellos que tengan informe de zona de alto riesgo no mitigable, emitido por el órgano administrativo correspondiente.
Precisó que la regularización de los barrios es una tarea estratégica del Municipio de Quito, en tal virtud, señaló que la Alcaldía de Quito, trabaja con el propósito de consolidar el acceso a un hábitat seguro y saludable a vivienda adecuada y digna bajo principios de sustentabilidad, justicia social y equilibrio entre lo urbano y rural. El plan de obras impulsado por la actual administración se compone de 4.900 intervenciones (1.100 en ejecución durante el 2013), de los cuales el 40% están en el sector rural y el 60% en la zona urbana, con una inversión que alcanza los 578 millones de dólares.
Agradeció a la Asamblea Nacional por la incorporación de normas en el Cootad que permitirán regular varios aspectos que le corresponden al municipio.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira agradeció la presencia, en barras altas, de moradores de distintos barrios de Quito, que se han dado cita para seguir de cerca el debate a las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Cootad.
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