Daniel Cañola, presidente de la Asociación de Negros del Ecuador aseveró que con el proyecto de Ley de Justicia laboral, alrededor de un millón y medio de amas de casa se incorporrán al sistema de aseguramiento social, universalizando las pensiones por vejez, invalidez y muerte.
Los dirigentes de la Asociación de Negros del Ecuador acudieron a la Asamblea Nacional a presentar sus observaciones al proyecto de Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar.
Cañola expresó que tanto en el área urbana, como rural, en el campo, la mujer a cargo del hogar se dedica a sus hijos, a la administración del hogar y a actividades agrícolas y pecuarias, por lo que requiere mayor cobertura de aseguramiento social y por riesgo de trabajo.
Sugirió que el Consejo Directivo del IESS establezca como formas de financiamiento un porcentaje de las utilidades provenientes de los sectores estratégicos, que permita cubrir el aporte patronal para las trabajadoras del hogar no remuneradas y puedan tener una pensión digna al jubilarse a los 65 años de edad y 20 años de aportaciones.
Está de acuerdo con la disposición que asegura estabilidad laboral para las mujeres embarazadas, tanto en el sector público, como privado, de modo que no puedan ser despedidas por su estado de gravidez y que luego del parto y la licencia por maternidad sea reintegrada a su puesto de trabajo.
Propuso, además, que se amplíe la licencia para cuidado del infante de 0 a 1 año por un período de 6 meses por 4 horas diarias y se establezca la licencia por paternidad para el cuidado de su hijo por un período de 4 meses por 4 horas diarias, cuando la madre ha presentado un parto delicado y requiere de cuidados en el hogar.
Daniel Cañola planteó que se determinen sanciones de hasta 300 horas al año de actividades comunitarias a los jefes o compañeros de trabajo que incurran en acciones de discriminación por la condición de etnias, ya sean cholos, mestizos, indígenas, afrodescendientes y se faculte a los afectados a presentar la denuncia ante la autoridad competente y que se actúe con igual criterio para sancionar todo tipo de violencia contra la mujer.
Respaldó la iniciativa de eliminar el contrato a plazo fijo, al tiempo que recomendó ampliar de 90 a 180 días el período de prueba en las entidades del sector público, con programas de capacitación del desempeño de su puesto de trabajo que aseguren su conocimiento y calidad laboral antes de contratarles con derecho a estabilidad.
PV
