El presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Richard Calderón, subrayó que la nueva Ley de Telecomunicaciones tiene como objetivo garantizar a los usuarios servicios de telecomunicaciones de forma continua, regular, eficiente, con calidad y eficacia y a la privacidad y protección de sus datos personales con sujeción al ordenamiento jurídico vigente.
Enfatizó que los prestadores de servicios deben garantizar el acceso igualitario y no discriminatorio a cualquier persona que requiera sus servicios y cumplir las obligaciones de acceso y servicio universal establecidos en los títulos habilitantes.
El legislador argumentó que los usuarios podrán escoger con libertad al prestador del servicio, el plan, la modalidad de contratación y el equipo terminal en el que recibirá los servicios.
Tendrá derecho al secreto e inviolabilidad del contenido de sus comunicaciones, con las excepciones previstas en la ley y a disponer gratuitamente de servicios de llamadas de emergencia, información de planes, tarifas y precios, saldos y otros servicios informativos.
Igualmente a la portabilidad del número y a conservar su número en el caso de servicios de telecomunicaciones que usen recurso numérico; a no recibir mensajes masivos o individuales o llamadas que no hayan sido expresamente autorizados.
Prestadores de servicios
Señaló que los prestadores de servicios, según el proyecto, deberán prestar el servicio de forma obligatoria, general, uniforme, eficiente, continua, regular, accesible y responsable; cumplir las regulaciones tarifarias, así como implementar el acceso, en forma gratuita, a los servicios de emergencia, que determine la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones.
También adoptarán las medidas para la protección de los datos personales de sus usuarios y abonados y no podrán limitar, bloquear, interferir, discriminar, entorpecer ni restringir el derecho de sus usuarios a utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación, desarrollo o servicio legal a través de sus redes o tecnologías.
La fijación de precios y tarifas, cargos de interconexión, compartición de infraestructura, marcas; regalías será de acuerdo al número de usuarios así, del 35% al 44,99%, será del 1%; del 45% al 54,99%, del 3 %; del 55% al 64,99% del 5 %; del 65% al 74,99% del 7 %; y, del 75% en adelante el 9.
Sanciones
Las sanciones por las infracciones previstas en esta ley, se impondrán sin perjuicio de las relativas al abuso del poder de mercado y prácticas restrictivas a la competencia, así como aquellas relativas al incumplimiento de los derechos de los consumidores o usuarios, puntualizó.
Se suprime la Superintendencia de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. Las partidas presupuestarias, los bienes muebles e inmuebles, activos y pasivos, así como los derechos y obligaciones derivados de contratos, convenios e instrumentos nacionales e internacionales correspondientes a dichas entidades pasan a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.
Los servidores y trabajadores que vienen prestando servicios en la Superintendencia de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones y la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, pasarán a formar parte de la nómina de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, conservando sus derechos de conformidad con la Ley.
El proyecto de Ley Orgánica de Telecomunicaciones tiene como objetivos específicos entre otros, promover el desarrollo del sector de las telecomunicaciones; promover y fomentar la convergencia de redes, servicios y equipos; promover que el país cuente con redes de telecomunicaciones de alta velocidad y capacidad que permitan a la población el acceso al servicio de internet; establecer las condiciones idóneas para garantizar a los ciudadanos el derecho a acceder a servicios públicos de telecomunicaciones de óptima calidad, con precios y tarifas equitativas.
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