El informe del proyecto de Ley Orgánica de Telecomunicaciones preparado por la Comisión de Gobiernos Autónomos, generó un amplio debate entre los asambleístas, quienes coincidieron en la necesidad de actualizar la normativa que data de 1992 y dotarle al Ecuador de una nueva institucionalidad acorde a la Constitución y a la realidad del país.
La vicepresidenta Rosana Alvarado, quien condujo la sesión del Pleno 297, informó que existen más de 15 legisladores inscritos para dar sus aportes en torno a este cuerpo legal y anunció que oportunamente la presidenta Gabriela Rivadeneira realizará la convocatoria.
En esta primera jornada de trabajo, los legisladores indicaron que a nivel mundial existe un desarrollo acelerado de la tecnología, lo cual motiva que nuestro país emita una ley clara y precisa que permita dejar atrás el esquema privatizador, donde existían varios entes de regulación, administración y control como el CONATEL, SENATEL, SUPERTEL, CONARTEL, que generaron confusión y desorden en el sector de las telecomunicaciones.
Es necesario crear una propuesta que permita la aplicación de políticas públicas en defensa de los derechos de los usuarios, así como mejorar las condiciones del mercado, ofertas, tarifas, fomentar prestación de servicios de calidad, para ello, el Estado debe ser el que administre este sector estratégico, como es el espectro radioeléctrico, dijeron.
El asambleísta Gozoso Andrade señaló que por fin se da espacio para emitir una nueva Ley de Telecomunicaciones que esté acorde con las innovaciones tecnológicas. Hay muchos avances en esta área y conviene poner fin al caos y dispersión de organizaciones que solo generaron desorden en el mercado de telecomunicaciones. Por ello, dijo estar de acuerdo que el Estado administre este sector. El Estado debe beneficiarse de la enorme rentabilidad que obtienen las operadoras telefónicas y los ingentes dineros de este negocio deben servir fortalecer la educación.
Por su parte la legisladora Liliana Guzmán resaltó la importancia de actualizar varios cuerpos normativos que están dispersos y armonizarlos con la Constitución, el Código Orgánico Integral Penal y el Cootad, entre otras leyes. A través del proyecto se da una visión social, de acceso universal de las tecnologías de la información, defensa de los usuarios, mejora condiciones del mercado, fortalece el régimen de protección del usuario, subrayó.
Sugirió que en el artículo 24 se establezca que los prestadores de servicios de telecomunicaciones no puedan realizar llamadas o enviar mensajes a los usuarios ofreciendo ofertas.
Paco Fierro expresó su desacuerdo con la supresión de la Superintendencia de Telecomunicaciones; mientras que el Vicepresidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Ángel Vilema, precisó que es necesario mejorar la cobertura y que la Agencia Nacional de Control de Telecomunicaciones debe establecer un techo tarifario, fomentar la prestación de servicios con calidad y equidad y fortalecer la estructura institucional, los procesos de regulación y control.
Entre tanto, el legislador Moisés Tacle señaló que Ecuador tiene una cobertura de 1.1 de adquisición de celulares por habitante, esto es parecido a lo que ocurre en América Latina y para controlar los monopolios hay que controlar los precios de los servicios, pues en nuestro país no se ha hecho eso y por ello se paga el doble que en América Latina. Expresó que es necesario que en un mercado de telecomunicaciones debe existir una institución independiente a la Agencia de Regulación como es la Superintendencia de Telecomunicaciones que vele por los intereses de los usuarios.
Diego Vintimilla subrayó que es bueno que el tema de las utilidades de los trabajadores no consten en este cuerpo legal. Hizo un llamado a los trabajadores de las operadoras telefónicas a seguir movilizándose para reclamar sus derechos ante dichas empresas y se refirió al acceso seguro a la red y la protección de datos. Pidió clarificar el artículo 23 sobre las obligaciones de los abonados, clientes y usuarios, específicamente del numeral 8 que aparentemente prohibiría realizar llamadas o enviar mensajes con fines de venta directa, comercial, publicitaria o proselitistas, que no hayan sido previamente aceptadas por el destinatario.
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