El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva y el vicepresidente de la comisión especializada de Comunicación, Mauro Andino, se reunieron con Gustavo Gómez, Director de Telecomunicaciones del Uruguay, consultor de la Unesco y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de tratar temas relacionados con políticas de comunicación y libertad de expresión.En la reunión se abordaron puntos relativos a la necesidad de dictar una Ley de Comunicación, un ente regulador, el espectro radio eléctrico, el rol que debe jugar el gobierno, el Estado, el sector privado y la sociedad civil, para asegurar a la población respeto a la libertad de expresión que, a su criterio, constituye un derecho de toda persona a expresarse o a comunicar lo que piensa y a buscar y recibir información de una diversidad de fuentes.
El titular de la Asamblea tras señalar que hoy es un día especial, pues celebramos el Día de la Libertad de Expresión, le entregó un ejemplar del acuerdo que suscribió el 17 de diciembre pasado con los jefes de los diversos bloques políticos, en el que se establecen los lineamientos generales de la Ley de Comunicación. También le entregó un ejemplar de la Constitución traducida en kichwa, en la que se garantiza el derecho a la comunicación.
Informó que llevan varios meses trabajando en la Ley de Comunicación que recogerá y desarrollará los principios constitucionales.
A su vez, Gustavo Gómez informó que Uruguay ha tenido en los últimos años cambios legislativos importantes que lo han convertido en una especie de referencia en la libertad de expresión, particularmente en el 2007, con la aprobación de una Ley de Radio y Televisión Comunitaria; en el 2008 la aprobación de la Ley Acceso y de Información Pública, 2009 la aprobación de una ley que despenaliza el delito de desacato, difamación e injurias y que está en marcha una cuarta que es una ley, presentada por el gobierno, por el Día de la Libertad de Prensa, que busca regular cómo se otorga la publicidad oficial.
Explicó que en su país, Uruguay, se registraron problemas en la asignación de frecuencias de radio y televisión, ya que se constituyó en un mecanismo para pagar favores y llegaron a entregar frecuencias incluso dos días antes del cambio de gobierno, por lo que se aprobaron normas para evitar la discrecionalidad y la arbitrariedad.
Añadió que hoy tienen acceso a las frecuencias mediante concurso público, para lo que se aprobaron los criterios técnicos y requisitos mínimos para asegurar diversidad y servicio a la comunidad. Por ejemplo se da prioridad a una persona que no posee un medio, que ofrece un servicio que no tiene una comunidad determinada y genera mayor número de puestos de trabajo.
Agregó que las ofertas se analizan en audiencias públicas en las que los interesados informan los servicios que se comprometen a brindar, de modo que la propia población puede denunciar el incumplimiento y es posible llegar a la reversión de las frecuencias.
Igualmente, expresó que es importante definir qué se regula y qué no se regula, para lo que existen algunos referentes como los tratados internacionales, al tiempo que se mostró partidario de un organismo que aplique la legislación aprobada, mismo que debe ser independiente del gobierno y de poderes fácticos, como recoge el acuerdo de los jefes de bancada.
Manifestó que aquí es muy importante determinar los procedimientos para la selección y designación de sus integrantes. Decir que haya un consejo no es mala palabra ni atentar contra la libertad de expresión, dijo al señalar que una vía podría ser la legislativa.
Frente a ello el arquitecto Fernando Cordero, respondió que en la Constitución se determinó con absoluta claridad que la Asamblea no tiene ningún tipo de injerencia en las designaciones, facultad que la tiene el Consejo de Participación Ciudadana, a través de concursos públicos de merecimientos.
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