La Asociación de Gestión Humana del Ecuador, representada por Carlos Hahn, recomendó a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, enfocar la reforma laboral a la generación de plazas de trabajo.
En cuanto a las brechas remunerativas, dijo que es un concepto razonable que se suba el sueldo al personal de los niveles más bajos, pero que tiene un impacto social, porque no facilita recompensar acciones extraordinarias ni refleja habilidades y competencias de cada persona; se corre el riesgo de perder competitividad en la administración del talento humano y un impacto sobre contratos parciales.
Igualmente, comentó que no es equitativa la propuesta respecto a las utilidades, pues se les quita un valor, no en beneficio de quienes no reciben, sino para financiar lo que constituyen obligaciones del Estado.
En cuanto a la eliminación del contrato a plazo fijo, expresó que se debe considerar a los que han sido desahuciados antes de concluir el año, lo cual no es más que el dos o tres por ciento.
La eliminación de esta modalidad no genera un beneficio importante en relación a los costos de despido, por lo que sugirió mantener el período de prueba; personal operativo por 90 días; mandos medios, 180 días; gerencia y alta gerencia, 360 días.
Reforma moderna y acorde a los tiempos
Pablo Arosemena Marriot, de la Cámara de Comercio de Guayaquil, manifestó que necesitan una reforma laboral moderna y acorde a los tiempos que se viven. “Queremos hacer crecer nuestras empresas, queremos recuperar la inversión y hacer dinero e invertir en capital humano” señaló.
Expresó que el desafío más allá de la reducción del desempleo, es cómo generar mejores oportunidades para cuatro millones de personas que están subempleadas o en situación precaria.
A su parecer la garantía de la estabilidad está determinada por los resultados y la productividad. En relación a las brechas salariales, señaló que la relación entre privados no debería tener regulación gubernamental.
Aporte del Estado
María Teresa Villavicencio y Édison Lima, de la Asamblea Extraordinaria de las Asociaciones de Jubilados, Pensionistas y Adultos Mayores, sugirieron mantener el aporte del 40% del Estado al IESS para el pago de las pensiones.
Por último, manifestaron que se debe estudiar el financiamiento de la seguridad universal y que las amas de casa también deben ser atendidas con salud y el resto de las prestaciones del seguro general obligatorio.
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