El presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Richard Calderón, destacó que el proyecto de Ley Orgánica de Telecomunicaciones garantiza los derechos de los usuarios, como acceder a servicios de calidad; secreto y la inviolabilidad de los datos; privacidad y protección de los mismos; disponer gratuitamente de llamadas de emergencias; no permitir el redondeo; controlar las tarifas a través de techos establecidos por la Agencia de Regulación y Control.
Además, portabilidad numérica, (que implica que si un usuario se cambia a otra operadora mantenga su número); acceso a mecanismos y procedimientos para reclamar los derechos; neutralidad tecnológica (para que no se pueda impedir o promover el uso de determinados programas en las redes); terminación unilateral en los contratos cuando no exista satisfacción por parte de los usuarios a no recibir consumos masivos o individuales, entre otros derechos.
El legislador ratificó que el proyecto garantiza el acceso a las tecnologías de la información y comunicación en todo el territorio nacional, más allá de la condición socioeconómica de los usuarios, para lo cual se mantienen los ingresos totales a los prestadores de servicio de telecomunicaciones, que permitirá que existan los recursos necesarios para invertir en infraestructura, equipamiento, mejorar los servicios, sobre todo, en la zonas rurales y en las instituciones educativas.
Igualmente, informó que toda la infraestructura técnica, tanto de la Superintendencia, como del Consejo Nacional y de la Secretaria de Telecomunicaciones pasará a formar parte de la Agencia de Regulación y Control, así como los derechos laborales de los funcionarios de estos tres organismos nacionales.
En cuanto a la institucionalidad, el parlamentario argumentó que en el artículo 261 de la Constitución están definidas con claridad las competencias exclusivas del gobierno en cuanto a telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico.
Acuerdo comercial con la Unión Europea
Richard Calderón, subrayó que hay que tomar en cuenta el artículo 143 del Acuerdo Comercial con la Unión Europea, que dispone que las autoridades reguladoras para los servicios de telecomunicaciones serán jurídicamente distintas e independientes funcionalmente, respecto a cualquier proveedor de servicios de telecomunicaciones.
Mercado
También expuso que el artículo 304 de la Constitución, sobre la política comercial, establece que se deberá evitar las tendencias monopólicas, esto es la concentración del mercado, para lo cual se determina una serie de mecanismos, como por ejemplo la información contable de las operadoras, la fijación de techos tarifarios, entre otros.
Sostuvo que en el artículo 34 del proyecto se establece una disposición de pago por concentración de mercado, que va desde el 30% en adelante con un pago del 0,5% de los ingresos totales hasta el 9% y además, existe limitaciones en la oferta, dadas las condiciones del espectro radioeléctrico y un consumo masivo, en donde existen más líneas telefónicas que habitantes en el país. De ahí el control para que existan sanas condiciones de competencias para que los usuarios tengan servicios de calidad con tarifas accesibles, subrayó.
Richard Calderón explicó que el informe para segundo debate se realizó basado en algunos elementos esenciales como la ratificación de la importancia y urgencia de una nueva la Ley, que reemplace la que data de 1992; considerando la necesidad de armonizarla con la Constitución y con los importantes avances de las telecomunicaciones en el mundo y en el país.
Por último, aseguró que la ley vigente no tiene un régimen sancionatorio como corresponde dada la importancia del servicio en la actualidad, ni las disposiciones necesarias para garantizar los derechos de los usuarios, al tiempo que dio a conocer que para el análisis de la propuesta la comisión escuchó a los directivos de varias instituciones y organizaciones sociales.
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