El Pleno de la Asamblea Nacional, con 118 votos, aprobó la resolución, mediante la cual se solidariza y expresa su profunda nota de pesar a los familiares y amigos de los ciudadanos que perdieron la vida en el lamentable accidente laboral suscitado el 13 de diciembre, en la casa de máquinas del proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, ubicado en las provincias de Napo y Sucumbíos y en el que perdieron la vida 13 trabajadores y 12 resultaron heridos.
La Asamblea Nacional, a través del Grupo Parlamentario Amazónico y de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y de la Seguridad Social, dará seguimiento a las investigaciones que realicen las instituciones responsables de las mismas y recibirá del Ministerio de Relaciones Laborales el informe correspondiente dentro del marco de sus competencias.
El Legislativo expresó su respaldo incondicional al cumplimiento de los derechos laborales de los fallecidos, heridos y de todos los trabajadores en general que laboran en el proyecto Coca Codo Sinclair, de conformidad con lo que establece la Constitución y la ley; además, permanecer vigilantes del cumplimiento de sus derechos y de las normas de seguridad industrial por parte de la empresa ejecutora.
Dentro de su función fiscalizadora hará el seguimiento al cumplimiento de la presente resolución y publicará las acciones ejecutadas por la comisión de seguimiento, a fin de garantizar los derechos de los trabajadores del proyecto y del pueblo ecuatoriano en general.
En la resolución se argumenta que el proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, constituye una obra emblemática y de interés nacional, que abastecerá de energía eléctrica al país y que permitirá el cambio de la matriz productiva, elemento fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida de los ecuatorianos.
También que es deber e interés del Estado investigar y esclarecer los hechos, a efectos de que no queden en la impunidad estos acontecimientos que enlutaron a varias familias.
Por último, se consideró que la Constitución establece, entre otras atribuciones de la Asamblea Nacional, fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social y los otros órganos del poder público y requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que considere necesarias.
El proyecto de resolución fue propuesto por el asambleísta Raúl Tobar y recibió el respaldo de la totalidad de bloques legislativos.
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