Así lo confirmó la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Irina Cabezas, tras una reunión del bloque en la que se analizó el vacío jurídico del artículo 26 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el artículo 15 del Reglamento de las Comisiones Especializadas, que es una norma inferior. Haga click aquí para ver el documento.En cuanto a la aplicación de los numerales 9 y 21 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se señala que en el primer caso corresponde a la Comisión de Fiscalización; y en el segundo, no es aplicable para los juicios políticos, que tienen su propio trámite establecido, respetando el principio de legalidad.
Los asambleístas en una comunicación dirigida al presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, aseguran que las instancias de resolución sobre el juicio político en contra del fiscal Washington Pesántez “han sido agotadas en su totalidad”, por lo que no corresponde bajo ningún precepto que el Pleno asuma atribuciones que jurídicamente no son aceptadas, según lo establecido en el artículo 226 de la Constitución.
“Como ciudadanos ecuatorianos y representantes de nuestros mandantes, no permitiremos que la Ley sea irrespetada, y que en el seno del Parlamento ecuatoriano se cometan arbitrariedades que vulneren las garantías consagradas por la Constitución y la Ley”, señala el documento remitido al presidente Cordero.
La primera vicepresidenta, Irina Cabezas, exteriorizó su respaldo incondicional a la asambleísta Pamela Falconí, por su actuación transparente, acorde a los principios políticos del movimiento.
La comunicación está suscrita por Raúl Abad, Aminta Buenaño, Juan Carlos Cassinelli, César Rodríguez, Betty Carrillo, Gastón Gagliardo, Xavier Tomalá, María Alejandra Vicuña, Irina Cabezas, Omar Juez, Carlos Zambrano, Lidice Larrea, Mao Moreno, Gabriel Rivera, José Picoita, Ángel Vilema, Eduardo Zambrano, Carlos Samaniego, Francisco Hagó, Viviana Bonilla, Celso Maldonado, Fernando Cáceres, Humberto Alvarado, Santiago Montenegro, Víctor Quirola, Pamela Falconí, Vannesa Fajardo, Marllely Vásconez, Mary Verduga y Eduardo Sánchez. Consta también el nombre de Rolando Pachana, quien envió un oficio mediante el cual apoya la decisión, así como el nombre del asambleísta Vethowen Chica.
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