El presidente y vicepresidente de la Comisión de los Derechos Colectivos Comunitarios y la Interculturalidad, Marco Murillo y Edwin Vaca, respectivamente, en rueda de prensa conjunta con el titular de la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos, Feine, rechazaron las manifestaciones de ajusticiamiento que se han dado en el país, porque de ninguna manera constituyen un ejercicio del derecho consuetudinario de los pueblos indígenas en la administración de justicia.Marco Murillo, al fundamentar su rechazo a estos actos de ajusticiamiento y linchamiento, porque no se puede ser víctima de tortura, de maltrato físico o denigración, subrayó que estas prácticas nada tienen que ver ni con derecho constitucional, ni con el derecho internacional, que garantizan la aplicación de procedimientos propios, inherentes a la cosmovisión indígena en materia de justicia.
Aclaró que en el país existen más de cinco mil comunidades indígenas en las cuales no se tiene ese tipo de prácticas y lo sucedido en la Cocha, provincia de Cotopaxi, es un caso aislado.
Precisó que de ninguna manera hay contradicción entre lo que es la Constitución, lo que señala los Convenios e Instrumentos Internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como tampoco no tiene que ver la Declaración Universal de los Derechos Humanos de toda la sociedad.
Señaló que se necesita regular, de manera urgente, la aplicación de justicia ancestral, para que los pueblos indígenas estén garantizados en el ejercicio del derecho consuetudinario, es decir la justicia indígena, sin violentar los derechos humanos, los convenios y acuerdos internacionales, con la implementación de un sistema de restauración integral diferencial en los pueblos indígenas, propuesta sugerida por la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos, Feine, con base en los conocimientos ancestrales, los derechos colectivos y el pluralismo jurídico, con la participación y corresponsabilidad de todos.
Puntualizó que la visión indígena en torno a resarcir cuando se hace un daño es la restauración de la persona, a diferencia del modelo occidental que procura el aislamiento de la misma.
Entre tanto, Edwin Vaca argumentó que si bien la Constitución garantiza el sistema de justicia indígena, la misma norma establece límites, que son los determinados en los convenios, tratados internacionales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos Humanos y Declaración de las Naciones Unidas respecto de los Pueblos y Nacionales Indígenas.
Aseguró que debe haber una coordinación y mecanismos de cooperación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, para evitar que se sigan vulnerando los derechos humanos.
Recordó que el Art. 5 de la Carta Universal de los Derechos Humanos establece que “nadie puede ser sometido a tortura o penas o tratos crueles”, pero se está viendo que una persona es ajusticiada frente a la comunidad, le amarran, le desnudan y le dan con látigos, hechos diferentes a lo que constituye la justicia; son casos de barbarismo y salvajismo que no los comparte.
De su lado, el presidente de la Feine Manuel Chugchilan, dijo que la Corte Constitucional debería actuar para determinar si se violaron los derechos humanos en el caso de la Cocha, al tiempo que señaló que es necesario trabajar en temas diferenciados y no paralelos a la justicia ordinaria, la que no ha dado respuesta alguna para el país.
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