El Código General de Procesos es el proyecto jurídico más ambicioso de la última época, que tiene por finalidad generar un proceso único para todas las materias con excepción de la penal y constitucional, es una apuesta para transparentar y democratizar la justicia haciéndola comprensible a todo ciudadano, subrayó la asambleísta Marisol Peñafiel.
La legisladora indicó que el código tiene una trascendencia profunda, desmantela la telaraña legal en materia de trámites a tal punto que ni siquiera los abogados conocen cuantos trámites legales existen.
Administración de justicia moderna
Marisol Peñafiel sostuvo que desde el punto de vista de la calidad del servicio público de la administración de justicia, su promulgación es la base para el proceso de modernización de la justicia. Con la cantidad de trámites existentes es simplemente imposible realizar tareas tan básicas como un sistema informático de seguimiento de casos o estándares mínimos de la calidad del servicio que toda persona tiene derecho a exigir, aseguró.
Desde luego, dijo, no basta con su promulgación, si se quiere un mejor servicio público habrá que acompañarlo con un profundo proceso de capacitación, revisión de los esquemas burocráticos de las instituciones y apostar por un uso intensivo de las nuevas tecnologías.
Comentó que si bien es un avance sin precedentes el haber unificado los trámites judiciales, también es una tarea delicada, porque este cuerpo jurídico tiene el reto de general un esqueleto común para todas las materias sin descuidar las especificidades necesarias para que responda a realidades muy diversas.
Recordó que “cuando se comenzó a elaborar este proyecto se partió de la visión de un trámite netamente civil, donde los intereses suelen ser de carácter monetario entre partes iguales, sin embargo, de manera inmediata se notó que este texto legal era insuficiente para materias donde entran en juego intereses sociales relevantes como laboral, inquilinato y familia”.
Derechos de niños y adolescentes
Marisol Peñafiel, en su calidad de presidenta del Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, participó activamente en el debate de dicho código y además presentó observaciones las mismas que fueron acogidas por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.
Ha sido una experiencia intensa, porque al tiempo que se develaban serias lagunas en el proyecto original, se ha podido recoger los avances en materias como tenencia, adopciones, alimentos y laboral, especialmente en el contrato de aprendizaje.
“Es muy grato decir que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado ha recogido la mayor parte de la propuesta y si bien se está ante una obra que siempre será incompleta, en este momento se cuenta con un marco legal adecuado para responder a las necesidades de este sector prioritario”, señaló la representante de Imbabura, al señalar que será un privilegio poder impulsar nuevos avances y mejoras. Es el futuro de nuestro país el que está en juego, concluyó.
