El asambleísta Miguel Ángel Moreta, miembro de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, consideró que el proyecto de Código General de Procesos revolucionará la tramitación de causas.
Dijo que la normativa tiene mucha expectativa entre los abogados, los operadores de justicia y particularmente en el ciudadano común, porque regula las relaciones cotidianas, las deudas, las obligaciones, las relaciones de familia, de parentesco, etc.
Más allá de las inversiones en edificios inteligentes e implementación de sistemas informáticos, los trámites siguen siendo engorrosos, lentos y no generan esa confianza que quieren los acreedores, los ciudadanos al momento de acudir con una contienda judicial a cualquiera de las judicaturas, agregó.
Por tanto, ahora, continuó, se pretende que a través de la sustentación de procesos mediante audiencias se apliquen los principios de contradicción y que pueda ser más rápida la tramitación de causas. Que lo que antes demoraba tres años, ahora dure cinco meses hasta un año a lo sumo, enfatizó.
Es clave el hecho de tratar de simplificar más de 80 clases de juicios, más de 80 procedimientos diferentes en solo cinco. Sin embargo, hay cierta preocupación por el abandono de las causas por falta de tramitación en 80 días, lo que contravendría lo que dispone el artículo 82 de la Constitución, que habla del derecho a la seguridad jurídica, así como el artículo 75 que se refiere a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita, argumentó.
Precisó que espera que en el segundo debate del proyecto de Código General de Procesos, que se iniciará mañana, se vaya perfeccionando el documento, dando prioridad a las necesidades de seguridad jurídica y protección a la gente y no priorizando la necesidad de recaudación de multas y abuso del Estado.
Destacó que uno de los principales objetivos es que los juicios y las sentencias no pasen más de 13 meses, pero que en casos difíciles y complicados como los juicios ordinarios, contencioso administrativos, contencioso tributarios, el juez no esté obligado a dictar sentencia al final de la diligencia de audiencia correspondiente, sino que tenga un tiempo prudencial, que pueda estudiar el caso y cumplir la obligación constitucional de motivar la sentencia, para que al final del día no solo consigamos una justicia más rápida sino acertada, efectiva y más justa.
MG/pv
